Iniciativas de Ley

Reforma el artículo 27 Constitucional. Propone la protección de las tierras de las comunidades, las parcelas de los ejidos, la pequeña propiedad agrícola y las propiedades declaradas inafectables evitando su afectación mediante el juicio de amparo.

  • Fecha de presentación: viernes, 18 de octubre de 1946
  • Tema: Campo
  • Legislatura: XL (1946-1949)
  • Comisión: Puntos Constitucionales y Ejidal y Departamento Agrario
  • Presentó: Dip. Aquiles Elorduy, Dip. Antonio L. Rodríguez, Dip. Miguel Ramírez Munguía, Dip. Juan Gutiérrez Lascuráin
  • Dictamen:

Reforma el artículo 27 Constitucional. Propone la protección de las tierras de las comunidades, las parcelas de los ejidos, la pequeña propiedad agrícola y las propiedades declaradas inafectables evitando su afectación mediante el juicio de amparo.

18-Octubre-1946

Reforma al Artículo 27 Constitucional.

Dip. Antonio L. Rodríguez

H. Cámara de Diputados:

Son verdades ya bien arraigadas en la conciencia nacional las de la necesidad y la justificación de una profunda reforma agraria y de la urgencia vital que tiene para México la resolución del problema del campo en todos sus aspectos.

De esa resolución depende el mejoramiento positivo al que los agricultores mexicanos, inmensa mayoría de nuestra población, tienen derecho en todos los órdenes de su vida, y depende también el cumplimiento de otros muchos capítulos substanciales de un programa de firme y maduro progreso de nuestro país.

La magnitud, la complejidad extrema y la trascendencia del problema del campo, reclaman inaplazablemente un grande esfuerzo nacional para plantear ese problema en toda extensión, como existe actualmente y no como existió en el pasado, y para poder formular, después, con pleno conocimiento, un programa completo que deba cumplirse según el orden impuesto por la urgencia de las medidas que en el mismo programa se contengan, por el natural eslabonamiento técnico de esas medidas, y por la cuantía y disponibilidad de los recursos que la nación puede destinar al efecto.

En la formación y ejecución de ese programa, aseguradas la capacidad y honradez que son indispensables en empresa de tamaño interés para México, cooperará sin duda con entusiasta empeño todo el pueblo, siempre, como lo ha comprobado reiteradamente, a colaborar con abnegación y sacrificio cuando se le convoca a servir a la patria. Y a los recursos del Estado, siempre insuficientes para la realización de tareas de esta magnitud, se sumarán la iniciativa, la energía y los recursos privados.

Pero mientras ese programa completo se define, sin estorbarlo y precisamente para hacer más fácil su formulación, es debido y posible adoptar medidas que, por una parte, restablezcan el orden jurídico fundamental de nuestro país, y por otra, pongan freno al abuso deliberado o al error en que se ha incurrido, y creen un ambiente de confianza y garantías que hará desde luego menos dura la condición por que atraviesan los agricultores y fomentará inmediatamente la producción del campo, necesidad permanente de la economía nacional y requisito indispensable, ahora, para el abaratamiento de la vida.

De las medidas que el programa debe comprender, algunas están siendo realizadas plausiblemente, como la construcción de obras de riego por el Gobierno de la República; otras, como la aplicación del crédito agrícola, pueden y deben ser substancialmente mejoradas y ampliadas para que su beneficio sea más extenso y más cierto en favor de todos los campesinos. Pero tanto estas que dejamos anunciadas, como otras muchas que se han intentado o vienen cumpliéndose lentamente, y todas cuantas encierre el programa íntegro, reclaman con peculiar urgencia la garantía del trabajo y de la vida en el campo, el dar a los agricultores el mismo tratamiento jurídico que la Constitución establece para todos los habitantes de la República, y no hacerlos objeto de un régimen de excepción que injustamente los perjudica y daña a toda la nación, en lo económico, porque debilita o impide el esfuerzo productivo y, más lamentablemente aún, en lo social, porque rompe las bases de todo régimen de Derecho.

Ese sistema de excepción injustamente erigido en contra de los agricultores, es el que consagra el texto actual de la fracción XIV del artículo 27 de la Constitución, precepto que se ha vuelto más ilógico e intolerable con la interpretación judicial desmesurada y sin base que de él se ha hecho.

La institución del amparo, cimiento de nuestra vida jurídica, última y a veces única defensa posible contra la arbitrariedad y el abuso, y ayuda eficacísima inclusive para que la autoridad evite los errores involuntarios de su funcionamiento, está abierta a todos los mexicanos, excepción hecha de los campesinos. No está cerrada al criminal ni al funcionario culpable de las más graves, deliberadas y fraudulentas violaciones en perjuicio de los propios campesinos; pero sí se niega a éstos para la defensa elemental de su trabajo, que es su vida y la vida del país.

Suprimido el amparo en materia agraria y siendo ilusorio de responsabilidades, los funcionarios de todo orden y la multitud de agentes, influyentes, caciques locales, sin el sentido ya de una posible limitación a sus actividades, hacen a los agricultores de todas las categorías víctimas de su pasión o de su interés.

La supresión del amparo, pues, no sólo ha perjudicado directamente en cuanto priva de ese recurso a quienes trabajan en el campo, sino que lo ha hecho también indirectamente al fomentar la irresponsabilidad y la arbitrariedad de todos los que, por razón administrativa, o por mera circunstancia política, deciden sobre los asuntos agrarios.

Como justificación de la reforma que estableció el texto actual de la fracción XIV del Artículo 27 de la Constitución, y que sirvió de pretexto para la torcida interpretación judicial a que nos hemos referido, se invocó la necesidad de consumar la reforma agraria, vital para México, por una acción puramente administrativa que no fuera estorbada por los procedimientos judiciales y, muy especialmente, por el sistema de suspensión inherente a la institución del amparo. Pero evidentemente aquella consideración no pudo ser motivo jurídico ni social suficiente para el extremo a que se ha llegado en la falta de defensa de los campesinos ni para el quebrantamiento radical introducido en nuestra vida jurídica. Hubiera bastado el establecimiento de las reglas específicas para el amparo y para la suspensión del acto reclamado, en materia agraria, pues con ello se habría garantizado la defensa justa y útil del hombre que trabaja en el campo, sin que se hubiesen creado impedimentos para la acción administrativa, ordenada y eficaz.

Pero, aun admitiendo la necesidad de este régimen en el pasado, cuando todavía el proceso agrario apenas se había extendido a una reducida parte de la población campesina, hoy el argumento pierde toda solidez, puesto que, según los mejores datos oficiales, se ha hecho ya la mayor parte de las afectaciones agrarias procedentes y, sobre todo, se ha formado un estado de opinión que favorecerá la aplicación ordenada y normal de la ley.

Además, el desamparo actual no sólo hace víctimas de abusos y errores, siempre posibles, a los grandes agricultores. Más aún que a ellos, ese desamparo perjudica hoy a los agricultores en pequeño, (tan vigorosa y justificadamente garantizados en la teoría del texto constitucional), a los ejidatarios mismos y aun a las propias comunidades, volviendo imposible la seguridad que es condición insubstituible del trabajo en el campo. Por ello existe un clamor unánime para que se acabe el sistema de excepción que deja al agricultor mexicano, cualquiera que sea su categoría, a merced de la equivocación, de la arbitrariedad o de la pasión de las autoridades y de los influyentes.

El Estado mismo ha tenido que reconocer esa exigencia y ha tratado de atenderla; pero quizás por rutas desviadas, puesto que el éxito no se ha logrado, toda vez que la deficiencia de la producción nacional es manifiesta y son innegables la miseria de los campesinos y la opresión humillante a que están sujetos por la imposibilidad de defender jurídicamente su derecho.

Así pues, el remedio eficaz para esta situación que demanda solución inmediata, es borrar la injusta y lesiva excepción que se ha hecho respecto de los agricultores en cuanto a nuestro régimen común de derecho, restaurar la posibilidad del amparo para ellos, como afortunadamente es posible hacerlo sin crear obstáculo alguno para la actividad legítima de las autoridades encargadas del cumplimiento de la reforma agraria, y restablecer con ello principios que son y serán siempre esenciales para nuestra vida institucional y que harán más fácil, inclusive, el planteamiento certero y la formulación definitiva de un programa completo para resolver los problemas del campo.

Las razones expuestas acreditan a nuestro juicio, la necesidad de reformar la fracción XIV del artículo 27 constitucional; pero, al margen de esa reforma, es muy conveniente, y procede en justicia, modificar también la fracción XV del precepto citado, ampliando la garantía que esta fracción establece, para comprender en ella a las comunidades mismas, a los ejidatarios y a las propiedades declaradas inaceptables, casos que son todos similares a la pequeña propiedad agrícola en explotación, en cuanto a que es indudable la protección constitucional que les es debida como objetivos ya alcanzados en la realización de la reforma agraria.

Finalmente, estimamos que las garantías de que hemos tratado deben extenderse a las cosechas pendientes, en todos los casos, siempre que hayan de recolectarse en el término de un año, así como el derecho a constituir la pequeña propiedad que la ley reconoce aún en los casos de propiedades que puedan ser afectadas por dotación.

Concluimos esta exposición haciendo hincapié en que, con las reformas propuestas no se trata de crear un régimen distinto al ya establecido. El artículo 27 constitucional mismo, y la Legislación Agraria, han precisado ya esas garantías, y sólo es menester recogerlas en el texto constitucional para acentuar su importancia, dar congruencia mayor al precepto y fortalecer el ambiente de seguridad que, sin merma alguna en las posibilidades de cumplimiento de la reforma agraria, demanda inaplazablemente el trabajo en el campo.

Todavía es insuficiente esta reforma para hacer frente de verdad a la urgentísima exigencia nacional de paz y de seguridades para quienes, dentro de la ley, y al abrigo de prescripciones constitucionales expresas y con pleno derecho, por tanto, consagran su vida y su actividad al campo. Será necesario, como quedó dicho ya antes, el establecimiento de un programa completo para dar cima a la reforma agraria y realizar con justicia sus elevados propósitos; pero aun limitada así, a lo más apremiante, la reforma significará el establecimiento de la confianza y de la tranquilidad para los campesinos, un grande aliento a su iniciativa y a su esfuerzo y, seguramente, un estímulo importantísimo para la producción nacional.

Por razón de orden técnica de legislación, debe llevarse a la fracción XIV la declaración de principio, substantiva de la garantía, y dejarse en la fracción XV la regulación adjetiva, procesal, de la propia garantía.

Por estas consideraciones, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución, prestamos a la consideración de esa H. Asamblea la siguiente iniciativa de reforma de las fracciones XIV y XV del artículo 27 constitucional.

XIV. En ningún caso podrán afectarse por restitución ni dotación, las tierras que se hayan restituido o con las que se haya dotado a una comunidad, las parcelas individuales adjudicadas a los ejidatarios, la pequeña propiedad agrícola en explotación y las propiedades declaradas inaceptables.

Las resoluciones de dotación respetarán el derecho del afectado a constituir su pequeña propiedad.

Las afectaciones que procedan por restitución o dotación, respetarán en todo caso el derecho a recoger las cosechas pendientes, siempre que los frutos hayan de recolectarse antes de un año a partir de la fecha en que la resolución correspondiente pueda ser ejecutada.

Los afectados con dotación, tendrán derecho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnización del caso. Este derecho deberán ejercitarlo los interesados dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha en que tenga fuerza definitiva la resolución de que se trate. Fenecido este término, ninguna reclamación será admitida.

XV. Procederá el amparo de justicia de la Unión en materia agraria: si el quejoso es una comunidad agraria, un ejidatario o un titular de pequeña propiedad agrícola en explotación o de tierras declaradas inafectables, la suspensión lo mantendrá en posesión sin impedir el trámite agrario correspondiente en todo lo que éste no afecte a tal posesión; si el quejoso no estuviere comprendido en la numeración que antecede, la suspensión se limitará exclusivamente a mantenerlo en posesión hasta la recolección normal de los frutos pendientes, en los términos del párrafo tercero de la fracción anterior.

Atentamente.

México, D. F., octubre 17 de 1946. - Aquiles Elorduy. - Antonio L. Rodríguez. -Miguel Ramírez Munguía. - Juan Gutiérrez Lascuráin. - A las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Ejidal en turno, y a la del Departamento Agrario e imprímase.

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