Iniciativas de Ley

Reforma el Art. 84 de la Ley Electoral Federal. Propuesta para la plena identificación de los votantes en las casillas.

  • Fecha de presentación: martes, 26 de noviembre de 1957
  • Tema: Democracia y Política
  • Legislatura: XLIII (1955-1958)
  • Comisión: Gobernación
  • Presentó: Dip. Jesús Sanz
  • Dictamen: Se dictaminó el 02-10-64

Reforma el Art. 84 de la Ley Electoral Federal. Propuesta para la plena identificación de los votantes en las casillas.

19-Diciembre-1957

Iniciativa de Ley que Reforma al Artículo 84 de la Ley Electoral Federal

Dip. Jesús Sanz

La indebida interpretación de dos preceptos de la Ley Electoral Federal ha permitido la práctica viciosa que facilita la suplantación impune del voto público, que constituye una de las fallas más graves del sistema electoral mexicano, al no exigir la identificación del votante en el acto en que se presenta en la casilla electoral a depositar su voto, pues de este modo agentes enviados por el partido oficial con una provisión importante de credenciales electorales de que se ha despojado mediante engaños y amenazas a sus dueños o que han sido indebidamente expedidas con nombres supuestos, votan cuantas veces quieren en favor del partido al cual sirven y en contra de la voluntad de los ciudadanos a quienes se ha privado de su credencial y por consiguiente del derecho de votar.

Los preceptos indebidamente interpretados con el artículo 52 fracción I y el artículo 84, también fracción I de la Ley Electoral Federal. El primero de ellos, refiriéndose a la revisión, conservación y perfeccionamiento del Registro Nacional de Electores, previene que todo ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos, “tiene obligación de inscribirse, identificándose debidamente, para ser incluido en la lista nominal de electores de la localidad a la que corresponde el lugar de su domicilio”; y el segundo de los preceptos invocados, que es el primero de los que comprende el capítulo relativo a la forma de recibir la votación, dispone que al presentarse cada lector, exhibirá su credencial y el presidente se cerciorará de que figure en la lista nominal de electores de la sección a que corresponda la casilla. “Pues es claro que conforme al espíritu de estos preceptos, si se exige la identificación del ciudadano para ser inscrito en el Registro Nacional de Electores, con mayor razón se debe exigir al elector cuando se presenta a ejercitar el derecho de votar. No se trata solamente de que el presidente de casilla se cerciore de que el nombre del lector o el nombre que consta en la credencial que exija también que el presidente de la casilla se cerciore de que es el lector mismo, no su nombre o el nombre consignado en la credencial exhibida, quien figura en esa lista; ya que sólo de este modo se puede impedir que un ciudadano vote con credenciales ajenas, en lo cual consiste la suplantación del voto que la misma Ley Electoral tipifica como delito en su artículo 141 fracción III: Sin embargo, la evidencia de esta consideración no ha sido suficiente para que los organismos electorales, especialmente los presidentes de casilla, cumplan con su deber y exijan la identificación de los electores al presentarse en las casillas a depositar su voto; pues alegan que la ley no expresa ni previene formas de identificación, y que en tales condiciones ellos no pueden exigir ese requisito como condición del ejercicio del derecho electoral.

Con objeto, pues, de acabar con esta práctica viciosa y que además constituye el medio más sencillo y bochornoso de suplantar impunemente el voto público, de presionar indebidamente el voto público, de presionar indebidamente a los lectores despojándolos de sus credenciales electorales sin las cuales no puedan votar, y de alterar, en consecuencia, fraudulentamente el sentido de la voluntad popular, es urgente modificar el primer párrafo de la fracción I del artículo 84 de la Ley Electoral Federal, estableciendo expresamente las formas de identificación que deban exigir los presidentes de casillas a los electores, en el acto de presentarse a votar exhibiendo sus credenciales; pues sólo de este modo podrán prevalecer los votos auténticos, depositados por ciudadanos que se presenten a votar con su propia credencial y no los votos suplantados depositar por agentes del partido oficial que se presentan a votar cuantas veces quieren utilizando credenciales ajena, de las que previamente han despojado con engaños y amenazas a sus dueños, impidiéndoles ejercitar sus derechos electorales.

Por estas consideraciones, y con apoyo además en la fracción II del artículo 71 de la Constitución sometemos a esta Cámara la siguiente iniciativa de

Ley Sobre Identificación de Electores en las Casillas

Artículo 1º. Se sustituye el texto actual del párrafo I de la fracción I del artículo 84 de la Ley Electoral Federal vigente, por el siguiente:

Ley que Establece Penas por la Indebida disposición de Fondos Públicos y el uso Indebido de Medios de Acción del Poder Público para fines Políticos y electorales

Artículo primero. Se impondrá de dos a quince años de prisión y multa de $ 500.00 a 1,000.00, destitución de empleo o cargo, inhabilitación de dos a seis años y pérdida de derechos políticos por tres a seis años, al funcionario público que entregue, orden o autorice la entrega de fondos públicos, u otros bienes del mismo origen, para el sostenimiento de un partido político.

Igual pena se impondrá al funcionario público que entregue, orden o autorice la entrega de fondos u otros bienes públicos a un candidato a un puesto público de elección popular o a los partidos, comités o cualquier otra clase de organizaciones de apoyo a una candidatura, para fines electorales; así como a los periódicos, revistas o publicaciones similares de cualquier otra clase, con fines de propaganda electoral.

Artículo segundo. Se asimilará a la autorización a que se refiere el artículo anterior, el que los funcionarios encargados de la disposición o el manejo de fondos públicos o de su vigilancia no se oponga a su entrega, cuando deban hacerlo conforme a sus funciones; pero en este caso las penas aplicables se reducirán en una tercera parte, salvo la pérdida de empleo, que será total.

Artículo tercero. Cuando los funcionarios públicos que ordenen o hagan la entrega indebida de los fondos o bienes relativos y carezcan además, de facultades legales para la disposición normal de ellos, se les aplicarán de uno a tres años de prisión, además de las penas que establecen los artículos que proceden.

Artículo cuarto. Se impondrán las penas que establecen los artículos que anteceden a los funcionarios de las instituciones descentralizadas y empresas de participación estatal de cualquier clase que entreguen fondos o bienes de las mismas empresas o instituciones a las personas o entidades y para los fines a que se refieren dichos artículos o bien que ordenen o autoricen dicha entrega o no se opongan a ella, cuando estén obligados a hacerlos.

Artículo quinto. Se impondrán de nueve meses a ocho años de prisión, multa de $200.00 a $3,000.00, destitución de empleo, inhabilitación de uno a cuatro años y pérdida de derechos políticos por tres años, al funcionario público que use los medios de acción estatal que tenga a su disposición, para recaudar de los particulares fondos para entregar a las entidades o personas y para los fines que señalan en el artículo primero.

La pena que establece el artículo segundo se aplicará a los funcionarios públicos que, pudiendo oponerse legalmente a las actividades de subordinados que señala el párrafo anterior, dejen de hacerlo.

Artículo sexto. La persecución de los delitos que establece esta ley se sujetará a las siguientes reglas:

a) Se concede acción popular para denunciar dichos delitos

b) El ejercicio de la acción penal será obligatorio para el Ministerio Público, cuando la denuncia la haga un partido político nacional registrado en la Secretaría de Gobernación.

El partido político que haga la denuncia podrá intervenir en el proceso como coadyuvante del Ministerio Público para aportar toda clase de pruebas respecto a la responsabilidad de los inculpables.

c) En ningún caso podrá el Ministerio Público desistirse de la acción penal.

d) La sentencia que se dicte en primera instancia, será revisada de oficio por el Tribunal que corresponda, cualquiera que sea su sentido.

Artículo séptimo. Cuando los responsables de los delitos establece esta ley fuere altos funcionarios de la federación, se procederá en los términos del artículo 3º constitucional.

Si el responsable es el Presidente de la República, la acción penal en su contra se deducirá a la terminación de su cargo, a cuyo efecto se concede un plazo de seis meses a partir de dicha terminación para ejercitar la acción popular que previene el artículo anterior.

Artículo octavo. Las sanciones que establece esta ley no será aplicables a los empleados públicos que hagan la entrega indebida de fondos o bienes públicos o recauden fondos de particulares como meros ejecutores materiales de las órdenes de sus superiores.

Artículo noveno. Se aplicarán las penas que establece esta ley, reducidas a la mitad, a los funcionarios de un partido político o de comités u otras entidades electorales y a los candidatos a puestos públicos de elección popular que reciban fondos u otros bienes públicos en los casos sancionados por la misma ley.

Igual pena se aplicará a los directores, gerentes u otros funcionarios de los periódicos, revistas u otras publicaciones similares, que reciban fondos u otros bienes públicos en los casos sancionados por la propia ley.

Turno a la Comisión de Gobernación.

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