Iniciativas de Ley

Reforma a los Arts. 73 fracción XXVIII y 74 fracción IV de la Constitución. Reformas para que el Presupuesto anual de gastos se incluyan a los organismos descentralizados y empresas estatales y prohibición de bienes o fondos públicos a empresas particulares.

  • Fecha de presentación: jueves, 01 de octubre de 1953
  • Tema: Economía
  • Legislatura: XLII (1952-1955)
  • Comisión: Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales
  • Presentó: Dip. Manuel Aguilar
  • Dictamen:

Reforma a los Arts. 73 fracción XXVIII y 74 fracción IV de la Constitución. Reformas para que el Presupuesto anual de gastos se incluyan a los organismos descentralizados y empresas estatales y prohibición de bienes o fondos públicos a empresas particulares.

01-Octubre-1953

Iniciativa de Reformas a los Artículos 73 fracción XXVIII y 74 fracción IV de la Constitución.

Dip. Manuel Aguilar

H. Cámara de Diputados:

Las necesidades crecientes y cada vez más complejas de nuestra economía han exigido la creación de numerosos organismos y empresa con inversión cuantiosa de fondos públicos y con intervención directa o indirecta del Estado en su creación o en su funcionamiento.

En ocasiones estos organismos y empresas han respondido a la conveniencia de organizar servicios públicos en forma descentralizada con objeto de lograr una mayor eficacia en los mismos, o a la necesidad legítima de cubrir esferas de actividad que desbordan la de la iniciativa privada, o de complementar la insuficiencia o suplir la ineficacia de dicha iniciativa; pero en otros casos, la creación o fomento de esas empresas ha sido indebido en cuanto tienden a competir en las actividades reservadas a los particulares, con perjuicio para éstos y para los fines mismos que se persiguen, los que generalmente no se cumple o se cumplen mal por las dificultades que presenta la gestión gubernamental, las que se agravan cuando dicha gestión se dirige hacia propósito ajenos al Estado.

Aparte de la gravedad que reviste este último aspecto de la cuestión, la cuantía de los fondos públicos comprometidos en organismos y empresas de los tipos señalados ha creado por sí mismo un serio problema que trató de abordar en parte la Ley para el Control de Organismos descentralizados y Empresas de Participación Estatal de 27 de enero de 1948, publicada en el "Diario Oficial" de 31 del mismo mes y año, que fija bases mínimas para el control de dichas inversiones y de su manejo. Con relación a esta ley, se dictó el decreto de 27 de enero de 1948 que creó la Comisión Nacional de Inversiones como organismo encargado del control, vigilancia y coordinación a que tiende dicha ley.

La notoria insuficiencia del sistema de la ley referida y la complicación burocrática de la Comisión Nacional de Inversiones, determinaron que los diputados de Acción Nacional, señores ingeniero Juan Gutiérrez Lascuráin, Antonio L. Rodríguez y licenciado Miguel Ramírez Munguía, formularan con fecha 20 de octubre de 1948 un proyecto de Ley Sobre Empresas en que intervenga el Estado, Organismos Descentralizados y Empresa de Participación Estatal, que simplificaba y hacía más prácticos y eficaces los sistemas de control de esta clase de instituciones y establecía bases prácticas para la liquidación o traspaso de las que no realizaran funciones de utilidad pública, no las cumplieran adecuadamente o tuvieran un objeto que pudiera ser eficazmente atendido por la iniciativa privada, para cuyo efecto se establecía el nombramiento de una comisión del Congreso Federal envargada de investigar la situación de este tipo de instituciones, de informar al Congreso respecto a las mismas y de hacer al propio Congreso las recomendaciones que surgieran de los estudios realizados.

El problema de la inversión y manejo de fondos públicos en las instituciones a que nos venimos refiriendo está lejos de haber sido resuelto con las disposiciones oficiales expedidas con ese propósito y, por lo que hace a la mencionada iniciativa de los diputados de Acción Nacional, no ha sido tomada en cuenta no obstante haber transcurrido cerca de cinco años desde su presentación.

Además, desde 1948 en que se dictó la citada Ley para el Control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, este problema se ha agravado, pues por diversos títulos se ha multiplicado la inversión de fondos públicos en instituciones legítimas y en empresas que indebidamente compiten con las actividades económicas de los particulares y que incluso constituyen a veces monopolios inconstitucionales que ocasionan graves perjuicios al público.

A lo anterior se agrega la circunstancia de que, por la imposibilidad o inconveniencia de que sus erogaciones queden comprendidas dentro del Presupuesto de Egresos, el manejo de fondos públicos que hacen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, no se comprende en la Cuenta que el Ejecutivo rinde anualmente al Congreso en los términos de la fracción XXVIII del artículo 73 constitucional, de donde resulta que a la vez que el Ejecutivo Federal maneja directa o indirectamente organismos tan importantes como los diversos sistemas de ferrocarriles, las instituciones nacionales de crédito, el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, la Dirección General de Pensiones y Petróleos Mexicanos, es el mismo Ejecutivo quien resuelve por sí y ante sí de las cuentas de dichos organismos y, cuando las hay, sobre la aplicación de sus utilidades; o lo que es igual, que carecen de todo control por parte del Congreso Federal, por Ejemplo, el uso de los fondos públicos que constantemente se entregan a los Ferrocarriles para cubrir déficits de operación o compra de equipo, los que maneja Nacional Financiera, S. A. y, para no alargar la lista, que tampoco se da cuenta al pueblo, a través del Congreso, del destino de los cuantiosos recursos del patrimonio petrolero, no obstante que en todos estos casos se trata de fondos aportados por el pueblo con su esfuerzo y, en el del petróleo además, de bienes rescatados a costa de grandes sacrificios.

Esta situación, contraría una de las bases fundamentales del sistema democrático, conforme a la cual todo lo relativo a la obtención de fondos públicos y a su manejo y destino, debe ser revisado por el pueblo, a través de sus representantes, puesto que es el pueblo quien proporciona esos fondos y quien, en un caso, resiente las pérdidas y los perjuicios derivados de su mal uso.

En cuanto a las inversiones de fondos públicos hechas indebidamente en empresas de carácter meramente privado, la extensión y gravedad del problema puede precisarse con sólo examinar la lista de empresas que incluye el citado decreto de 27 de enero de 1948; lista que comprende, entre otras, tres instituciones de seguros, una de fianzas, cuatro compañías eléctricas, sin contar las subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, cuatro empresas azucareras y alcoholeras, una de cemento, seis empresas de producción y una de exhibición de películas cinematográficas, y seis industrias de diversas ramas, como altos Hornos de México, Cobre de México, Vidrio Neutro y otras.

A lo anterior debe agregarse que, a la fecha, la lista mencionada es mucho mayor; y que lo perjudicial de este sistema se ha reflejado en casos que son de dominio público, como los de quiebras de empresas particulares en que las pérdidas principales las ha resentido el pueblo a través del Gobierno Federal y de las instituciones nacionales de crédito; y las de otras empresas, también particulares, que el mismo Gobierno Federal ha tomado directamente a su cargo como medida extrema para tratar de recuperar parte, cuando menos, de los cuantiosos fondos públicos comprometidos en ellas indebidamente.

La situación descrita y el ininterrumpido proceso de agravación de la misma, nos ha llevado a considerar que es indispensable reformar las fracciones XXVIII del artículo 73 y IV del artículo 74 constitucionales, a fin de dejar establecida en forma expresa, por una parte, la prohibición al Ejecutivo de que entregue por cualquier título bienes o fondos públicos para la creación, sostenimiento, fomento o para el financiamiento en cualquier otra forma, de empresas de carácter privado, y la atribución al Congreso de la facultad de consignar a los responsables de inversiones hechas en contra de esa prohibición y de ordenar el remate de dichas inversiones, o su liquidación, en su caso; y, por otra parte la obligación del propio Ejecutivo de incluir en la Cuenca anual al Congreso la relativa al manejo por los Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal, de los subsidios, aportaciones, préstamos y cualquier otra entrega de bienes o fondos públicos que se les haya hecho y, en su caso, la aplicación de las utilidades que dichas instituciones hayan realizado.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de la República, proponemos la siguiente iniciativa de reformas a los citados artículos 73 fracción XXVIII y 74 fracción IV de la misma Carta Fundamental, a fin de que queden redactados en las siguientes forma:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Fracción XXVIII. Para examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el Poder Ejecutivo, examen que comprenderá no sólo la conformidad de los gastos con el Presupuesto de Egresos, si no la exactitud y justificación de dichos gastos, y el manejo por parte de los organismos descentralizados y de las empresas a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del Art. 74, de los subsidios, aportaciones, préstamos y cualquier otra entrega de bienes o de fondos públicos que se les haya hecho y, en su caso de la aplicación de las utilidades que hayan realizado.

El Congreso consignará a los responsables de las inversiones hechas en contravención del citado párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74 y ordenará el remate en subasta pública o la liquidación de dichas inversiones".

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

IV. Aprobar el presupuesto anual de gasto, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.

El presupuesto no podrá incluir la entrega a título alguno de bienes o de fondos públicos para la creación, sostenimiento, fomento o financiación en cualquier otra forma de empresas particulares, salvo cuando por motivos de interés general sea necesario suplir la insuficiencia o ineficacia notorias de la iniciativa privada y sólo mientras subsistan la insuficiencia o ineficacia dichas.

Salón de sesiones.- Licenciado Manuel Aguilar y Salazar.- Licenciado Francisco Chávez González.- Licenciado Ramón Garcilita Partida.- Licenciado Felipe Gómez Mont.- Licenciado Eugenio Ibarrola Santoyo.- Agosto 26 de 1953.- Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno e imprímase.

Realizar otra búsqueda