Iniciativas de Ley

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Manuel Minjares Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

  • Fecha de presentación: viernes, 29 de septiembre de 2006
  • Tema: -
  • Legislatura: LXI (2009-2012)
  • Comisión: No turnado a comisión
  • Presentó: Dip. Manuel Minjares Jiménez
  • Dictamen: Sin dictamen

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Manuel Minjares Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Manuel Minjares Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN 

Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y fracciones I y IV del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que faculta a las Delegaciones del Distrito Federal para que puedan tener cuerpos de seguridad pública delegacional, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La Ciudad de México, capital de la República, divide su territorio en 16 demarcaciones político administrativas comúnmente conocidas como delegaciones políticas. La concentración humana y el modo de vida son eminentemente urbanos, salvo en las delegaciones de Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, que conservan en forma parcial, características rurales. 

Desde su fundación, la Ciudad de México constituyó un centro de actividad política y cultural. A partir del surgimiento del México independiente fue la sede del Gobierno de la República, lo que trajo como consecuencia una excesiva centralización que repercutió en casi todos los aspectos de la vida del país. 

Este fenómeno propició, junto con otros factores, una aguda explosión demográfica, tanto de habitantes permanentes como de población flotante, a la que contribuyeron en forma determinante los flujos de inmigración provenientes de diversas entidades federativas de la República, primordialmente del campo. 

En las últimas décadas los impulsos centralizadores en torno al Distrito Federal han cedido a favor de la desconcentración. Además, el crecimiento de la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ha sido equiparable a la tasa media anual a nivel nacional, sin embargo, no deja de ser impresionante en número de habitantes que residen en una de las concentraciones más pobladas a nivel mundial. 

De conformidad con el INEGI, la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México, es decir, considerando a la que vive en los municipios del estado de México conurbados con el Distrito Federal, rebasa aproximadamente los 20 millones de habitantes. 

Por ello, los servicios públicos deben considerarse como destinados, en principio y de manera general, a una población potencial de 20 millones, y en consecuencia los recursos y las estrategias para su desarrollo, deben calcularse sobre dicha cifra. 

En efecto, como sabemos la expansión de la ciudad durante los últimos 80 años, el aumento explosivo de su población, la creciente complejidad urbana, el desarrollo de la diversidad social y la pluralidad política, así como la fórmula que hacía descansar la administración del Distrito Federal en los poderes federales mostró de manera evidente sus limitaciones. Efectivamente, durante mucho tiempo los habitantes del Distrito Federal fueron despojados de sus derechos políticos electorales, carecieron de la libertad de elegir mediante elecciones democráticas a sus autoridades locales, ante el argumento de ser esta ciudad el asentamiento de los poderes federales. 

Sin embargo, se fue abriendo paso a la construcción de las instituciones de gobierno representativo del Distrito Federal en lo relativo a su gobierno interior y para que los ciudadanos ejercieran sus derechos políticos sobre la participación en el gobierno de dicha entidad. Acción Nacional ha sido, sin género de duda, uno de los mayores promotores en esta cruzada por la democratización del Distrito Federal. 

Destacan como parte de dicho proceso la reforma de 1988 que estableció la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, electa por los ciudadanos de la entidad. Otra reforma fue la de 1996 que estableció la elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y se previó que a partir del año 2000 los delegados políticos serían electos por voto directo de los ciudadanos de cada demarcación político administrativa. En octubre de 1999 el Congreso de la Unión aprobó una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que permitió la elección de Jefes Delegacionales en julio del 2000. 

Todas estas reformas estuvieron inscritas en la coincidencia de esfuerzos para transformar la naturaleza jurídico política del Distrito Federal y, de esta manera, establecer autoridades locales representativas y responsables ante los habitantes de la ciudad, y con ello contar con órganos inmediatos que comprendieran y atendieran de mejor manera las necesidades de los habitantes de esta ciudad. 

Ahora bien, toda reforma a las instituciones de gobierno del Distrito Federal, además de promover y construir nuevos espacios de representación y participación, debe buscar y lograr el equilibrio imprescindible entre democracia y eficacia gubernamental. 

En este sentido, el diagnóstico que arroja la experiencia reciente, a casi nueve años después de la primera elección del Jefe de Gobierno y transcurridos 6 años de la gestión de sus primeros Jefes Delegacionales electos, señala una serie de aspectos en el arreglo institucional y la organización jurídico, político, administrativa del Gobierno, que se consideran exigen ser redefinidos a fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en la labor gubernamental. 

Que si bien las sucesivas reformas a la organización política de la entidad han significado enormes avances en su democratización, también es cierto que hoy plantean nuevos retos y necesidades, entre las que destaca una definición más clara de las competencias, principalmente entre la administración pública centralizada y las delegaciones, pero respetando y fortaleciendo siempre el papel de la ciudad como capital del país y sede de los poderes de la Unión. 

Sin duda, son muchas las demandas que se requiere satisfacer en la Ciudad de México, pero la que más preocupa hoy día, es la de la seguridad pública. Demanda social no exclusiva de esta urbe sino en general del país y en muchas partes del mundo. 

Efectivamente, en todos los estratos sociales la demanda esencial y fundamental, tal vez sólo superada por la solución a la problemática económica, es la seguridad pública. 

De conformidad con la tercera encuesta nacional de inseguridad, la Ciudad de México es una de las más inseguras, este estudio presentado por el titular del ICESI, indica que la incidencia delictiva es superior a los 20 mil delitos por cada 100 mil habitantes, superando el promedio nacional que es de 11 mil 246 delitos. Es claro que la Ciudad de México es una de las más inseguras del país, el 86% de los capitalinos se siente inseguro en la ciudad de México. 

Hoy la sociedad reclama con mayor vigor, que el Gobierno lleve con eficacia las tareas de garante de los derechos humanos y particularmente los relativos a la seguridad pública y el combate a la delincuencia. 

No se puede negar, que la seguridad pública debe y es una prioridad del gobierno. El escenario social de inseguridad pública es generalizado, el aumento de la criminalidad es una realidad. 

Por ello debe ser una prioridad de las autoridades del Distrito Federal la función de seguridad pública. Porque la inseguridad es condición de inviolabilidad para todo modelo de desarrollo y bienestar social. 

En efecto, la criminalidad refleja altos índices de crecimiento y sus formas de actuación son más sofisticadas y violentas. La delincuencia se incrementa y sus operaciones, configuran un peligroso elemento disociador del orden social. 

En el Distrito Federal como en algunas otras ciudades se intensifica la presencia de grupos y bandas de delincuentes y de un fenómeno grave que pudiera denominarse como la masificación de la criminalidad, es decir, la proliferación de individuos que hacen de la comisión del delito su ocupación habitual. 

La Ciudad de México es una de las que más se vive la aguda sensación de que la impunidad prevalece y de que la prevención de los delitos, la persecución jurídica de los delincuentes y la aplicación de las sanciones no han dado los resultados esperados. 

Es a todas luces que los habitantes de la ciudad de México, vive preocupada por la inseguridad de las calles, caminos, en las casas, en los negocios, en el trabajo y en los sitios públicos. Hoy la sociedad está ofendida ante la frecuente ola de delitos y la impunidad de quienes violan la ley; con justa razón la sociedad tiene desconfianza en los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia, con justa razón tiene derecho a reclamar una función pública eficaz, ya que por sus negativos resultados, brilla por su ausencia. 

De la evolución de los índices delictivos en el Distrito Federal, resulta incuestionable que la Ciudad de México se ha visto afectada en los últimos por un considerable crecimiento de la criminalidad. Las causas de esta problemática se originan en parte por la acelerada transformación en las formas de vida de la sociedad actual. 

El fenómeno delictivo es consecuencia de diversos factores y fenómenos, podemos decir que particularmente se debe a la pérdida de valores, a la desintegración familiar, a la falta de oportunidades en el empleo, a la proliferación de las llamadas ciudades perdidas o asentimientos humanos irregulares conglomerados que por sus características son de difícil acceso a las autoridades, lo que facilita que los delincuentes se refugien en ellos. De hecho, los delincuentes se han enfrentado a un riesgo mínimo por la comisión de delitos. 

La seguridad pública, en el caso del Distrito Federal se estima debe ser una función a cargo no sólo de las autoridades locales centrales sino Delegacionales, para que ambos ámbitos competenciales tengan como obligación directa la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

No es posible que al ser las delegaciones el primer órgano político y de gobierno en donde se suscitan de manera directa la comisión de conductas delictivas, estas se encuentren imposibilitadas para poder dirigir, coordinar y supervisar de manera directa los servicios de seguridad pública en su demarcación territorial. Es necesario dotar a las autoridades ubicadas en el primer nivel de interacción con la sociedad, de instrumentos necesarios para tratar de contrarrestar el flagelo de la criminalidad que afecta día a día y de manera creciente al Distrito Federal. 

En efecto, se requiere un cambio de fondo para que las autoridades locales del Distrito Federal puedan cumplir la responsabilidad en la prevención del delito, por lo que los servicios de seguridad a cargo del gobierno local necesitan como opción gubernativa urgente y como requerimiento social, dar un paso decisivo hacia la corresponsabilidad en materia de seguridad pública, mediante una reforma que sustente la creación de una policía delegacional con funciones preventivas, que sirvan como complemento a las funciones que en la materia ya viene realizando la autoridad local central. 

Se estima, que con esta medida se deberán obtener mejores resultados en materia de seguridad pública, ya que se eliminarían los inconvenientes que hoy se suscitan con la responsabilidad exclusiva de seguridad pública del Distrito Federal en manos de la autoridad central, como son la falta de inmediatez en las estrategias, la ausencia de diagnósticos más precisos sobre el mapa criminal en las delegaciones, la centralización en la toma de decisiones sin considerar con oportunidad la planeación con la autoridad delegacional, la sujeción de la política policial a intereses partidistas, la rigidez para la realización de programas de seguridad pública a nivel de demarcación territorial e incluso a nivel de colonias, la incapacidad de la autoridad gubernativa inmediata para preservar bienes cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia y riesgos inminentes, entre otros aspectos negativos. 

Asimismo, con esta propuesta se evitaría el manejo discrecional y selectivo que algunas veces realiza la Secretaría de Seguridad Pública de Distrito Federal, respecto de la asignación de elementos policiales a las delegaciones, tomando en consideración preferencias políticas, en donde se beneficia o castiga a los habitantes de determinadas delegaciones, en función de colores partidarios. 

Por su parte, la creación de una policía delegacional favorecería una mayor cobertura operativa para prevenir el delito. En este contexto, se busca con esta iniciativa que tanto las autoridades centrales como delegacionales del Distrito Federal tengan competencia para alcanzar los fines de la seguridad pública mediante la prevención y sanción de las infracciones administrativas, y a su vez ser auxiliares en la persecución de los delitos. 

Esta reforma se inspira en la imperiosa necesidad de asegurar a los habitantes del Distrito Federal la protección a su integridad física y material y el de hacer valer la fuerza misma de la ley como sustento de la convivencia, premisas éstas que son fundamento esencial de toda organización política, de la que no debe estar ajena las delegaciones, más aún cuando tienen naturaleza de órganos político-administrativos y cuyo titular es electo popularmente, lo que les da el carácter de organización política inmediata. 

El combate efectivo de la criminalidad del Distrito Federal pasa necesariamente por una política eficiente de prevención del delito, tanto a nivel local pero también delegacional, y por ello es necesario contar con cuerpos de seguridad profesionales y capaces de prevenirlo, con policías con vocación y ética, con policías inmediatas y disponibles pero a su vez coordinadas y corresponsables, en el orden local y delegacional. 

Que la prevención del delito y la capacidad institucional para preservar el orden, no sólo dependen de la aceptación social de las normas, sino también de la organización institucional efectiva que evite las condiciones que alientan la ruptura del orden.  

Que modernizar la capacidad inhibitoria del delito es una tarea prioritaria del gobierno, porque la delincuencia es actualmente el peor enemigo de la sociedad mexicana. Hemos de enfatizar la necesidad de fortalecer la promoción de una cultura de la legalidad, a la vez que dar un impulso substancial a las tareas de prevención del delito. 

Que la propuesta de crear una policía delegacional preventiva corresponde a las tareas de reorganización y distribución de funciones que en los últimos años se ha venido otorgando a autoridades locales del Distrito Federal. 

Que el diagnóstico de la seguridad pública en la Ciudad de México, presenta una carencia fundamental que es no contar con un cuerpo policial particular en las delegaciones, capaz de afrontar conforme a sus propias particularidades la tarea de prevenir el delito en el orden de su demarcación territorial. 

La creación de la policía preventiva delegacional, es un paso importante, porque reconoce la necesidad de que desde la visión, diagnóstico y realidad delegacional se establezcan acciones para evitar la comisión de delitos; además, permitirá la racionalización y distribución de recursos técnicos y humanos, la complementación de esfuerzos entre las autoridades centrales y delegacionales, para lo cual la presente propuesta de reforma también propone un esquema de comunicación y colaboración permanente entre ambas instancias, a fin de evitar la dispersión o dislocación de políticas y tareas en materia de seguridad pública, como circunstancia que pueda alentar la ineficacia. 

El grupo parlamentario del PAN ha hecho hincapié en la importancia que para el desarrollo de la seguridad pública del Distrito Federal significa tener un cuerpo preventivo especial y especializado en las delegaciones y por ello, la importancia de aprobar la presente reforma que se somete a la consideración de esta soberanía. 

Por lo expuesto, y debido a la importancia que tiene la seguridad pública como función prioritaria del gobierno, y ante la convicción sobre la visión integral en seguridad pública, junto con la de un auténtico federalismo y el respeto pleno que como orden de gobierno debe tener el Distrito Federal, es que se hace necesario reformar el esquema jurídico actual en materia de seguridad pública del Distrito Federal, ya que no resulta de ninguna manera justificado que las delegaciones no cuenten con sus propios cuerpos policiales, ya que es tanto como desconocer dicha necesidad para el caso de los municipios, ya que si bien ambas entidades públicas tienen naturaleza distintas, lo cierto es que no se les puede negar a las mismas su calidad de ser las organizaciones políticas más inmediatas de la sociedad. 

Actualmente el marco jurídico previene que las delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, entre otras. Sin embargo en las leyes respectivas se prevé la participación de las delegaciones solamente desde la coadyuvancia, con la autoridad central del Distrito Federal, despojando a éstas de la posibilidad de contar con una institución en materia de seguridad pública propia a sus realidades y mando. 

Lo anterior, sin duda, contradice el espíritu de autonomía de que fueron dotadas las delegaciones políticas del Distrito Federal, de autoridad próxima o cercana a la comunidad política, de audiencia pública y de recorridos periódicos para conocer las necesidades de su demarcación, al no permitir un ejercicio eficaz de la seguridad pública en la ciudad. 

Las autoridades delegacionales representan el nivel de gobierno y administración pública más cercano al lugar donde se presentan las necesidades y los problemas sociales, conocen a fondo la naturaleza de los problemas y carencias que existen y la manera en cómo la comunidad los vive, enfrenta y sufre. 

Resulta pues, indispensable, instrumentar las adecuaciones legislativas que permitan salvaguardar el ámbito competencial y la funcionalidad de este nivel de gobierno, así como su coordinación con los demás niveles de gobierno en acciones de interés general. 

Por ello, si hemos de querer que las estrategias, decisiones, previsiones y políticas públicas en materia de seguridad pública para el Distrito Federal, sean de lo más optimo posible; es indispensable que las autoridades delegacionales como las responsables inmediatas y directas de gobierno de esta ciudad, sea quien asuman también la responsabilidad en la materia. 

Más aún ello es razonable, cuando está reconocido en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que las delegaciones tienen competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, entre otras materias, también la de seguridad pública, por lo que resulta justificable ahondar a este respecto. 

Incluso, cabe acotar que al dotar legalmente a las autoridades delegacionales para que también ellas cuenten con cuerpos policíacos, permitirá el impulso democratizador del Distrito Federal, el del auténtico federalismo y una mejor respuesta de las autoridades domésticas en esta materia, mediante una distribución de responsabilidades y funciones. 

Con la propuesta que se plantea, se busca que las autoridades delegacionales y locales puedan cumplir a mayor cabalidad sus compromisos, programas, acciones y estrategias en materia de seguridad pública. Ello es más importante si se parte de la premisa, que la organización en esta materia, se manifiesta a través de los hombres y mujeres que la integran, a fin de que garantice la eficacia en su actuación y del buen despacho de los asuntos en seguridad pública en cada demarcación territorial del Distrito Federal. 

Estamos conscientes que con esto no se resuelve el problema, sabemos que se requiere, desde luego, entre otros, de recursos presupuestales, capacidad organizativa, dedicación, trabajo altamente profesional, de ética en el servicio, por citar algunos. No obstante, sí estamos convencidos que para llegar a eso es indispensable y primordial que sean ambas autoridades locales y delegacionales del Distrito Federal las que concurran y contribuyan, dentro del ámbito de sus atribuciones, en ser garantes de la seguridad pública de la entidad. 

Lo anterior, tiene mayor justificación cuando se ha establecido a nivel constitucional que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios; luego entonces, debe dotarse a las instancias de gobierno de la Ciudad de México, de mejores atribuciones en esta materia, en este caso de la facultad de las delegaciones de contar con sus instancias de seguridad pública. 

Efectivamente, en esta tarea tan sentida y tan relevante para la sociedad, ninguno de los niveles o instancias de gobierno puede permanecer al margen, es, como claramente se señala, un compromiso sustantivo del Estado mexicano. Entendida la seguridad pública como un proceso que va desde la prevención del delito, hasta la ejecución de las sentencias, pasando por la persecución de los delincuentes y la aplicación de sanciones, es incuestionable que la parte de este proceso que más interesa y preocupa a la sociedad es la preventiva. 

Se trata ante todo de evitar que el delito se cometa, de preservar los derechos a la vida, a la integridad física, al disfrute de los bienes, y también el derecho a vivir en una sociedad armónica, no amenazada por la delincuencia, no lastimada en su tranquilidad. 

El propósito del gobierno debe ser el combate a la delincuencia en todas las etapas que el concepto de seguridad pública engloba, pero sin duda enfatizando la preventiva, acción ésta que se pretende asuma a cabalidad la autoridad delegacional. 

En tal sentido se proponen las siguientes reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: 

Se determina que la seguridad pública que llevan a cabo las delegaciones es una función que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

Se propone que la seguridad pública delegacional se lleve a cabo a través de la policía delegacional la cual estará integrada por la policía preventiva y de vialidad, dependiente de cada delegación, con todas las unidades y agrupamientos que prevean las disposiciones administrativas respectivas. 

Se establece que el mando inmediato de la policía delegacional corresponde a los jefes delegacionales; quienes serán los responsables de brindar los servicios de seguridad pública en la demarcación territorial correspondiente, atendiendo los lineamientos y políticas que para tal efecto se establezcan, con pleno respeto a las atribuciones conferidas a las autoridades de seguridad pública del Distrito Federal y de la Federación. 

Por otra parte, a fin de garantizar un adecuado funcionamiento y actuación de los cuerpos de seguridad pública delegacionales, se prevé que la actuación de los miembros de seguridad pública delegacional se sujete, invariablemente, a los principios de legalidad, eficiencia, protección social, respeto a los derechos humanos, profesionalismo y honradez. 

Se determina para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, que los miembros de seguridad pública delegacional tendrá autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones, así como que contarán con unidades necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones, atendiendo a criterios territoriales y de especialización. 

Adicionalmente, se prevé que la actuación de dichos cuerpo de seguridad tendrá como base fundamental el servicio de carrera policial, a fin de lograr su profesionalización con el objeto de alcanzar una mejor y más eficaz prestación del servicio así como el desarrollo integral de sus elementos, ampliando así su capacidad de respuesta a los requerimientos de la sociedad observando siempre los principios antes señalados. 

Se prevé que en la ley que se expida se deberá establecer lo relativo a requisitos para ingreso y permanencia; un sistema institucional de evaluación del desempeño, de méritos y la fijación de criterios objetivos para determinar promociones o separación; un régimen especial de estímulos y previsión social, que reconozca las peculiaridades de la actividad policial; un esquema de deberes, de prohibiciones y derechos; y finalmente, un mecanismo de imposición de sanciones. 

Se determina que las autoridades delegacionales y locales en materia de seguridad pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando se requiera, podrán coordinarse operativa y administrativamente en sus actividades. 

La coordinación entre las corporaciones policiales, tendrán por objeto establecer uniformidad de criterios en materia de seguridad pública para lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones. 

En ese sentido, se plantea que la coordinación que al efecto se realice entre las autoridades delegacionales y las autoridades locales, verse cuando menos en aspectos como el establecimiento, actualización, sistematización e intercambio oportuno de información; la realización de acciones conjuntas de capacitación y las estrategias necesarias para combatir la comisión de infracciones y delitos; el diseño y establecimiento de operativos de inspección y vigilancia conjunta; la instrumentación y ejecución de campañas de fomento a la prevención del delito; entre otros aspectos. 

En este mismo orden de ideas, se prevé que el instrumento jurídico idóneo para materializar las acciones de coordinación que se acuerden entre una Delegación y otra, o entre una delegación y la autoridad local o federal, sean los convenios de coordinación, por ello se precisa que las delegaciones podrán coordinar sus actividades mediante la celebración de convenios generales o específicos de seguridad pública, ya sea con otra Delegación o incluso con autoridades locales o federales, según sea el caso. 

Con el fin de lograr una debida planeación y establecimiento de objetivos, indicadores y estrategias claras en materia de seguridad pública en las Delegaciones, se propone establecer la obligación de los Jefes Delegacionales de elaborar un Programa Delegacional de Seguridad Pública, que deberá contener cuando menos un diagnóstico pormenorizado de la seguridad pública en la delegación, los objetivos a alcanzar mediante la implementación del programa, las metas sustantivas a lograr e indicadores de desempeño, así como consecuentemente, las estrategias y líneas de acción a implementar para el logro de los objetivos y metas trazadas. 

De igual manera, se prevé que el Programa Delegacional de Seguridad Pública de cada delegación deberá tomar en cuenta la participación ciudadana, como mecanismo de prevención y evaluación ciudadana en la materia. 

En este mismo sentido y a fin de que el Programa Delegacional respectivo guarde congruencia con el implementado por el gobierno del Distrito Federal, se precisa que el Programa delegacional deberá ser congruente con las políticas, planes y objetivos previstos por el referido Programa de Seguridad Pública para Distrito Federal. 

Por otra parte, es preciso señalar que la iniciativa, es respetuosa del principio constitucional, consistente en que corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza pública donde habitual o transitoriamente reside, por lo que consecuentemente se mantiene dicha disposición en el artículo 34 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y se dispone que corresponde al Ejecutivo federal el mando de dichas fuerzas en el Distrito Federal, y para mayor claridad mediante el principio de reenvío se dispone que ello tal y como lo establece la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política. 

Por las consideraciones expuestas, es que los abajo firmantes sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII, así como se adiciona del párrafo cuarto al décimo segundo al artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 117. ... 

... 

... 

I. a VII. ... 

VIII. Garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes en toda la Delegación, así como preservar y guardar el orden y la tranquilidad pública, en los términos previstos en el presente artículo. 

IX. a XI. ... 

La función a cargo de las delegaciones en materia de seguridad pública tendrá como fines la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, la prevención de la comisión de delitos y faltas administrativas, así como la preservación de las libertades, el orden y la paz públicos. 

La seguridad pública delegacional se llevará a cabo a través de la policía delegacional, la cual estará integrada por la policía preventiva y de vialidad dependiente de cada Delegación. 

El mando inmediato de la policía delegacional corresponderá a los jefes delegacionales; quienes serán los responsables de brindar los servicios de seguridad pública en la demarcación territorial correspondiente, atendiendo los lineamientos y políticas que para tal efecto se establezcan, con pleno respeto a las atribuciones conferidas a las autoridades de seguridad pública del Distrito Federal y de la Federación. 

Para el adecuado cumplimiento de los asuntos de su competencia, la policía delegacional contará con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones. 

La actuación de los miembros de policía delegacional se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, protección social, respeto a los derechos humanos, profesionalismo y honradez. 

Para asegurar el desempeño profesional de las actuaciones de la policía delegacional, se organizará y desarrollará el Servicio Profesional de Carrera Policial. La ley establecerá los requisitos y procedimientos de ingreso y permanencia, así como un sistema institucional de evaluación del desempeño, de méritos y la fijación de criterios objetivos para determinar promociones o separación; un régimen especial de estímulos y previsión social; un esquema de deberes, prohibiciones y derechos y un mecanismo de imposición de sanciones. 

Las delegaciones estarán facultadas para celebrar, en el ámbito de su competencia, convenios con otras delegaciones, autoridades locales o federales, para efecto de coordinarse en la prestación del servicio de seguridad pública. La coordinación que al efecto se realice deberá versar cuando menos en el establecimiento, actualización, sistematización e intercambio oportuno de información; la realización de acciones conjuntas de capacitación; el establecimiento de estrategias conjuntas para combatir la comisión de infracciones y delitos; el diseño y establecimiento de operativos de inspección y vigilancia conjunta; la instrumentación y ejecución de campañas de fomento a la prevención del delito. 

Los Jefes Delegacionales deberán elaborar un Programa Delegacional de Seguridad Pública, que deberá contener cuando menos un diagnóstico pormenorizado de la seguridad pública en la delegación, los objetivos a alcanzar mediante la implementación del programa, las metas sustantivas a lograr, así como las correspondientes estrategias y líneas de acción a implementar. 

En todo caso, el Programa Delegacional de Seguridad Pública deberá tomar en cuenta la participación ciudadana, como mecanismo de prevención y evaluación ciudadana en la materia.

Transitorios 

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Diputado Manuel Minjarez Jiménez (rubrica)

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