Iniciativas de Ley

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del código federal de procedimientos penales, a cargo de la diputada dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN

  • Fecha de presentación: jueves, 11 de octubre de 2007
  • Tema: -
  • Legislatura: LXI (2009-2012)
  • Comisión: No turnado a comisión
  • Presentó: Dip. María Manuell-Gómez Angulo
  • Dictamen: Sin dictamen

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del código federal de procedimientos penales, a cargo de la diputada dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN

11 Octubre 2007

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del código federal de procedimientos penales, a cargo de la diputada dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN 

La suscrita, diputada federal por el estado de Baja California a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 4, 16, 62, 78, 81, 130, 145, 181, 185, 196, 197, 287 y 545 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La autoridad es el medio necesario para que la comunidad civil cumpla con legalidad vigente en nuestro marco jurídico y así poder obtener una sana convivencia y alcanzar a vivir en el tan anhelado estado de derecho. La legalidad es lo que debe regir los regímenes políticos de cualquier sociedad y es precisamente la autoridad el medio de garantizar la convivencia y el goce de los plenos derechos en la vía legal. 

Para hablar de modificaciones que incumben al Ministerio Público, a la Policía Judicial y, en general, al cuerpo judicial penal, debemos remitirnos indudablemente a lo que establece el artículo 21 constitucional, el cual establece que "la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumben al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato". 

La legalidad judicial alude en términos jurídicos al principio de nulla poena sine juditio y, por lo mismo, nulla poena sine judex, esto refiere a dos instrucciones centrales del régimen penal: Ministerio Público y Policía Judicial. El tema central a que se refiere la presente iniciativa se delimita a esta última figura de Policía Judicial, entendida como un órgano administrativo con la facultad jurisdiccional de ejercer, en sentido estricto, la persecutoria que mandata el Ministerio Público, recae en la responsabilidad de la Policía Judicial. 

Es conveniente hacer una breve referencia a la creación y el desarrollo de esta institución de seguridad. En primera instancia, el nombre con que se le designa corresponde en la actualidad sólo en mínima parte a las funciones que desempeña, pues dicho nombre se originó en el derecho francés, de acuerdo con la concepción del juez de instrucción, ya que éste tiene la dirección y autoridad sobre la citada policía, en combinación con el Ministerio Público, pero en un nivel jerárquico superior; de ahí la citada denominación. 

El nombre de la Policía Judicial fue otorgado en el ordenamiento mexicano por los Códigos de Procedimientos Penales que se aplicaron durante la vigencia de la Constitución Federal de 1857, no a un cuerpo especializado de investigación penal, sino a una función que se otorgó de manera indiscriminada a los cuerpos de seguridad, al Ministerio Publico y al juez de instrucción. 

Conviene también recordar que el juez de instrucción sólo desempeñaba esas funciones durante las épocas en que funcionó el jurado popular y sólo de manera local, ya que en materia federal no se estableció en esa época. En la realidad, el citado juez de instrucción era el mismo juez de fondo, lo que no ocurría en el derecho francés ni en las legislaciones que siguen ese modelo como el caso de Alemania hasta 1974, Bélgica, Holanda, Italia y Suiza, puesto que en dichos ordenamientos sólo fiscaliza la investigación, pero no integra el tribunal de sentencia. 

Haberse transformado el juez de instrucción en el juez de fondo conjuntamente, aun con la debilidad de las actividades investigatorias del Ministerio Público y la ausencia de un cuerpo técnico de seguridad, propició los abusos de dichos juzgadores, al conferírseles funciones de Policía Judicial, se transformaron en inquisidores que realizaban directamente las investigaciones correspondientes. 

El proyecto del artículo 21 constitucional presentado por Venustiano Carranza al Congreso de Querétaro se calificó de Policía Judicial al cuerpo de seguridad bajo el mando y autoridad del Ministerio Público, esto provocó el desconcierto de varios constituyentes, pues el proyecto pretendía suprimir las funciones de policía judicial que con anterioridad se habían atribuido a los jueces. 

En esa época, el entonces asesor jurídico de Carranza, José Natividad Macías, explicó la naturaleza y función de la Policía Judicial exponiendo que en los Códigos de Procedimientos Penales entonces en vigor, expedidos bajo imperio de la Carta de 1857, se había cometido el grave error de confundir a la Policía Judicial con el Ministerio Público, y se podría decir que también con el juez de instrucción, ya que en su concepto, en los países libres la policía está dividida en dos sectores: la preventiva y la inquisitiva. Esta última es la que propiamente podía calificarse de judicial. 

La policía, el poder administrativo, persigue a los delincuentes mediante su órgano, que es el agente del Ministerio Público. Dicho agente desempeña esta función con los auxiliares que tiene al efecto, es decir, el cuerpo policiaco de que se le haya dotado para tales efectos. La reforma consiste en acabar con la amalgama que habían hecho las leyes anteriores conservando el Poder Judicial enteramente independiente del poder administrativo, descentralizando al Poder Judicial de sus funciones, al convertirse en inquisidor de todos los hechos que ameriten la aplicación de una ley penal. 

Luego entonces, el nombre de Policía Judicial proviene de influencia francesa que se confiere en el precepto constitucional, se advierte que la creación de un cuerpo de seguridad de carácter técnico para la investigación de los hechos delictuosos, inspirada en el derecho de Estados Unidos. 

La transformación que ha experimentado la institución de la Policía Judicial, en principio y como un concepto provisional podemos concebirla, de acuerdo con las funciones que le atribuyen el citado artículo 21 de la Carta Federal, las diversas Leyes Orgánicas del Ministerio Público y las que regulan las procuradurías federales y distrital, como el organismo técnico que depende del Ministerio Público y que tiene como atribución esencial la de investigar, bajo la dirección del primero, los hechos que puedan ser constitutivos de delito y reunir los elementos necesarios para demostrar la responsabilidad de los imputados. 

En estricto sentido, no había de calificarse como Policía Judicial sino policía de investigación o ministerial, ya que el Constituyente, bajo la denominación europea inspirada en la legislación anterior, en la realidad pretendió establecer un órgano policiaco similar al estadounidense. 

El ejemplo claro de ello es la modificación que se dio en el propio artículo 21 constitucional, donde se ha derogado la frase Policía Judicial, por los problemas técnicos y procesales que esto conlleva y ahora da alusión a una policía que se sujetará bajo los mandatos del Ministerio Público, cumpliendo las labores auxiliares de persecución e investigación de sus asuntos. 

Históricamente, en nuestros orígenes como civilización, dentro del periodo posclásico de México Tenochtitlán, el imperio fue gobernado por un rey, en su tiempo llamado "tlatoani", quien dependía enteramente de la organización económica y del control político de las regiones que gobernaba; buena parte de esa organización política se debió a que se nombraban representantes del rey supremo. Estos representantes eran las autoridades sustitutas y representativas del imperio. De igual forma, los códigos que se dictaban en aquel entonces dotaban de certeza y claridad legal a los gobernados y, en general, a quienes representaban las autoridades vigentes. 

En el México moderno, la idea de converger con la organización política de un mandatario supremo todo poderoso ha caducado. Ahora, la democracia gobierna nuestro país; nuestras instituciones se han fortalecido, fincadas en la legalidad; y los representantes de los poderes son producto de elecciones inmersas en la legitimidad. Nuestras elecciones ahora son democráticas e inmersas en la legalidad; son el principio del trazo del camino hacia el estado de derecho, así como en antaño las normas o códigos eran exactos y acordes con su realidad social, enfocadas en sus momentos circunstanciales de tiempo real. 

El teórico en sociología Marcos Kaplan estableció que, al paso del tiempo, las sociedades han evolucionado a través de la estratificación y jerarquización de las clases económicas y del poder político de hecho la clase o clases se han vuelto la forma fundamental de estratificación en las sociedades modernas y contemporáneas, en la medida en que en ellas se reúnen determinadas condiciones. Luego entonces, la estratificación de las clases sociales nos ayuda a verificar la evolución de cada uno de los sectores sociales. Esta evolución necesariamente hace que revisemos de manera constante nuestro marco legal. 

Si bien nuestra sociedad ha venido evolucionando, también nuestras leyes deben evolucionar de forma simultánea, ya que aún hay deficiencias tangibles en nuestro marco legal. Prueba de ello es la permanencia de un término obsoleto en nuestro Código Federal de Procedimientos Penales, donde se hace referencia al nombre de una corporación policiaca ya extinta. Asimismo, la denominación de Policía Judicial que aún existe en el código en cita es errónea, ya que mucho se ha debatido entre los nombres que debería representar la extinta Policía Judicial, el debate central se encuentra en las funciones administrativas y prácticas que desempeñan las corporaciones subordinadas a los Ministerios Públicos; lo anterior, para efecto de la persecutoria de los delitos. 

Entre los objetivos principales para el cambio de denominación de la extinta Policía Judicial Federal por Agencia Federal de Investigaciones es la modificación del modo de operación de la policía, así como del uso predominante de la fuerza a privilegiar el papel de la investigación, la información y la inteligencia en las labores que se les encomienden. Luego entonces, se privilegia la investigación a la corporación que sustituyó a la Policía Judicial Federal, subordinándola al Ministerio Público. 

El objetivo principal de esta iniciativa es, por un lado, actualizar la denominación de la instancia auxiliar directa del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, en tanto que, por otro lado, poder erradicar la percepción inquisitiva que se tenía respecto a la llamada Policía Judicial para poder transitar hacia una percepción de una policía investigadora, basada en métodos y procedimientos científicos que aseguren su adecuada actuación. 

Esta situación ha sido confirmada por algunos tratadistas en la materia, como el maestro Guillermo Colín Sánchez, quien señala al efecto lo siguiente: 

… Su denominación es impropia, es una reminiscencia de la etapa anterior a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente cuando los jueces tenían facultades investigatorias, para cuyo cumplimento se instruyó un grupo de empleados a su servicio, encargado de ejecutar y cumplir sus órdenes.

Es conveniente no seguirla llamando con ese nombre, y pensar en uno más congruente, que podría, en su caso, ser Policía Investigadora de Delitos, Policía Auxiliar de los Gastos del Ministerio Público, Policía para la Investigación de Delitos Auxiliar de los Subróganos de Justicia. 

Aunado a ello, en la mayoría de las entidades federativas las corporaciones policiacas antes denominadas judiciales del estado se les ha cambiado las siglas y ahora son llamadas Policías Ministeriales. Entre los estados se encuentran Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, estado de México, Jalisco, Michoacán y Morelos. El cambio sustancial radica en las funciones que desempeñan, y exige una mejor comprensión de las tareas a su encargo. 

Con la aprobación de esta modificación se estaría dotando de certeza a las acciones, funciones y responsabilidades de la fuerza policiaca federal, ya que en la actualidad aún existe una confusión del término de la extinta policía judicial federal en el Código en comento. 

De igual forma, esta iniciativa es un peldaño más en la reforma integral que se tiene programada por parte del Ejecutivo federal, que se presentará ante el Congreso de la Unión, estoy cierta de que una de las principales reformas que deberemos estudiar y analizar al interior del Congreso antes que concluya la presente legislatura es la reforma judicial, la cual deberá cubrir los grandes vacíos que hasta la fecha persisten e imposibilitan la sana acción judicial y la distinción de funciones. 

Estoy consciente de que esta reforma sólo representa una pequeña parte de la reforma y modificación de nuestro marco jurídico penal. Sin embargo, sé que será una modificación que deberá ser tomada en cuenta al momento de la dictaminación de la reforma integral; asimismo, el cambio en nuestro sistema normativo deberá dar sus resultado en sus primeros avances. 

Debemos tener en cuenta la importancia de la presente iniciativa, ya que el cambio que se propone es quitar el nombre del Código Federal de Procedimientos Penales de una policía que se ha quedado sin efectos tanto denominativos como funcionales. Lo anterior, a efecto de tener congruencia con lo establecido en nuestra Carta Magna y lo que en muchos estados de la república se ha modificado. Incluso, el presidente de la república en fechas pasadas ha enviado para su estudio y dictaminación al senado de la república una inactiva judicial integral que abarca éste y otros temas relevantes, estoy de cierta que las modificaciones en este tenor tendrán un beneficio mayor en todo el sistema judicial de nuestro país, por ello coincido enteramente en las modificaciones que doten de claridad y certeza en nuestras leyes y que especifiquen las funciones que tienen cada una de las partes del sistema judicial, así como el respeto íntegro de los Poderes de la Unión. 

Por lo expuesto, me permito poner a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por la que se reforman el primero y segundo párrafos, así como las fracciones I y IV del artículo 3o., el segundo párrafo del artículo 4o., el primer párrafo del artículo 16, los artículos 62, 78, 81, tercer párrafo, 130 y 145, el tercer párrafo del artículo 181, los artículos 185 y 196, el segundo y tercer párrafos del artículo 197, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 287, y el artículo 545, todos ellos del Código Federal de Procedimiento Penales, para quedar como sigue: 

Artículo Único. Se modifican el primer párrafo y las fracciones I y IV del artículo 3o., el primer párrafo del artículo 16, segundo párrafo de la fracción IV del artículo 287 y el artículo 545, para quedar como sigue: 

Articulo 3o. La Policía Federal Investigadora actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dentro del periodo de averiguación previa, la Policía Federal Investigadora está obligada a 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan constituir delitos del orden federal, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que la Policía Federal Investigadora informará de inmediato acerca de las mismas y de las diligencias practicadas. Las diversas policías, cuando actúen en auxilio del Ministerio Público Federal, inmediatamente darán aviso a éste, dejando de actuar cuando él lo determine: 

II. y III. … 

IV. …

En el ejercicio de la función investigadora a que se refiere este artículo, queda estrictamente prohibido a la Policía Federal Investigadora recibir declaraciones del indiciado o de tener alguna persona, fuera de los casos de flagrancia, sin que medien instrucciones escritas del Ministerio Público, del juez o del tribunal. 

Artículo 4o. … 

Durante estos procedimientos, el Ministerio Público y la Policía Investigadora, bajo el mando de aquél, ejercitarán, en su caso, también las funciones que señala la fracción II del artículo 2; y el Ministerio Público cuidará de que los tribunales federales apliquen estrictamente las leyes relativas y de que las resoluciones de aquéllos se cumplan debidamente. 

Artículo 16. El juez, el Ministerio Público y Policía Federal Investigadora estarán acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de asistencia que darán fe de todo lo que en aquéllas pase. 

Artículo 62. Las diligencias de cateo se practicarán por el tribunal que las decrete o por el secretario o actuario del mismo, o por los funcionarios o agentes de la Policía Investigadora, según se designen en el mandamiento. Si alguna autoridad hubiere solicitado del Ministerio Público la promoción del cateo, podrá asistir a la diligencia. 

Artículo 78. En caso de urgencia podrá hacerse la citación por telefonema que transmitirá el funcionario de la Policía Investigadora que practique las diligencias o el secretario o actuario respectivo del tribunal que corresponda, quienes harán la citación con las indicaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 75, asentando constancia en el expediente. 

Artículo 81. … 

… 

En los casos a que se refiere el párrafo precedente de este artículo, y el artículo anterior, el secretario o actuario del tribunal o, en su caso, la Policía Investigadora o el auxiliar del Ministerio Público Federal, asentará en su razón los datos que hubiere recabado para identificar a la persona a quien hubiese entregado la cédula. 

Artículo 130. El Ministerio Público expedirá las órdenes para la autopsia e inhumación del cadáver y el levantamiento de las actas de defunción respectivas cuando apareciere que la muerte fue posiblemente originada por algún delito y las diligencias de Policía Investigadora no estuvieren en estado de consignarse desde luego a los tribunales. 

Artículo 145. Las diligencias de Policía Investigadora y las practicadas por los tribunales del orden común que pasen al conocimiento de los federales no se repetirán por éstos para que tengan validez, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 440. 

Artículo 181. … 

… 

Cuando se trate de plantíos de mariguana, Papaver somniferum o adormidera, u otros estupefacientes, el Ministerio Público, la Policía Investigadora o las autoridades que actúen en su auxilio procederán a la destrucción de aquéllos, levantando un acta en la que se haga constar el área del cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en la averiguación previa que al efecto se inicie. 

Artículo 185. Los cadáveres, previa una minuciosa inspección y descripción hecha por el funcionario de Policía Investigadora que practique las primeras diligencias y por un perito médico, podrán ser entregados por el Ministerio Público a quienes los reclamen, debiendo manifestar éstos el lugar en que los cadáveres quedarán depositados a disposición de la autoridad competente y conducirlos al lugar destinado a la práctica de la autopsia, cuando proceda. 

Artículo 196. Cuando se trate de la aprehensión de alguna persona cuyo paradero se ignore, el tribunal que dicte la orden la comunicará al agente del Ministerio Público adscrito para que éste la transcriba a la Procuraduría General de la República, a fin de que la Policía Federal Investigadora o los auxiliares de ésta localicen y aprehendan a dicha persona. Lograda la aprehensión, se procederá en los términos del artículo 52. 

Artículo 197. … 

Se entenderá que el inculpado queda a disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que la Policía Investigadora, en cumplimiento de la orden respectiva, lo ponga a disposición de aquél en la prisión preventiva o en un centro de salud. El encargado del reclusorio o del centro de salud asentará en el documento relativo a la orden de aprehensión ejecutada, que le presente la Policía Investigadora, el día y hora del recibo del detenido. 

… 

Artículo 287. … 

I. a III. … 

IV. … 

No podrá consignarse a ninguna persona si existe como única prueba la confesión. La Policía Investigadora podrá rendir informes pero no obtener confesiones; si lo hace, éstas carecerán de todo valor probatorio.

Las diligencias practicadas por agentes de la Policía Federal Investigadora o local, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como confesión lo asentado en aquéllas. 

Artículo 545. El reo deberá presentar el salvoconducto, siempre que sea requerido para ello por un magistrado o juez federal o agente de la Policía Federal Investigadora o del Ministerio Público y si se rehusase, se comunicará a la autoridad que le concedió la libertad preparatoria, la que podrá imponerle hasta quince días de arresto, pero sin revocarle dicha libertad. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 20 de septiembre de 2007. 

Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica) 

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