Iniciativas de Ley

Que reforma los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 y 182 de la ley orgánica del poder judicial de la federación, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

  • Fecha de presentación: miércoles, 01 de agosto de 2012
  • Tema: -
  • Legislatura: LXI (2009-2012)
  • Comisión: No turnado a comisión
  • Presentó: Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena
  • Dictamen: Sin dictamen

Que reforma los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 y 182 de la ley orgánica del poder judicial de la federación, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

Que reforma los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 y 182 de la ley orgánica del poder judicial de la federación, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012 

La que suscribe, diputada federal Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el séptimo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 105 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor del siguiente: 

Planteamiento del problema 

La presente iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación pretende introducir los principios de igualdad de género y de no discriminación, como parte de aquellos que deben regir el ingreso y desarrollo de la carrera judicial, así como promover la paridad en la ocupación de las posiciones de decisión en el Poder Judicial federal.

Exposición de Motivos

A lo largo de la historia la oposición entre las cualidades consideradas “propias” de los hombres y de las mujeres ha conformado la separación simbólica del espacio público como un ámbito muy valorado, exclusivamente masculino, ocupado en su totalidad por los hombres; mientras que el espacio privado ha sido primordialmente inherente a lo femenino, el lugar “natural” de las mujeres, que se distingue por su subordinación real y simbólica frente a lo público-masculino.

En el espacio de lo público se ubica lo político, lo social, lo económico, lo cultural, en síntesis, todas aquellas esferas vitales para el interés colectivo de la sociedad; en oposición, el espacio privado se conforma en la esfera íntima de lo familiar y de lo doméstico.

La dicotomía entre lo público y lo privado situó a mujeres y hombres en una división sexual del trabajo caracterizada por la definición de jerarquías, disparidades y relaciones de poder de género. Lo masculino se impuso sobre lo femenino a través de la oposición de los roles, actividades, capacidades, actitudes y motivaciones definidas como “intrínsecas” de mujeres y hombres; todo ello se tradujo en múltiples dimensiones de desigualdad y expresiones de discriminación hacia las mujeres en el acceso, uso y control de oportunidades, adopción de decisiones, manejo de recursos y de servicios, así como en la falta del reconocimiento de sus derechos.

Lo expuesto ha generado que, a pesar de que en todos los países existe un movimiento generalizado de la democratización, y que en nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4º. la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, las mujeres suelan estar insuficientemente representadas en los ámbitos donde se toman las decisiones, tanto de carácter político como económico, es decir, esta igualdad de jure no se ha logrado traducir en la presencia y participación igualitaria de facto de mujeres y hombres en los espacios de poder y representación política. 

Como ejemplo tenemos que en el Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con cifras del Inegi, para 2010, de los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tan sólo 2 son mujeres. El 100 por ciento de los Consejeros de la Judicatura Federal pertenecen al sexo masculino. De los 573 magistrados que componen los Tribunales Colegiados del país sólo 106 son mujeres, lo que representa el 18.4 por ciento, y de los 76 que componen los Tribunales Unitarios sólo 14 son mujeres. Asimismo, de los 308 jueces de Distrito sólo 78, es decir, el 25.3 por ciento pertenecen al sexo femenino. Respecto al Tribunal Federal Electoral de los 7 magistrados de la Sala Superior sólo 1 es mujer y de los 15 correspondientes a las salas regionales 9 son hombres y 6 mujeres.

En términos porcentuales ninguna de las instancias que conforman el Poder Judicial de la federación se acerca siquiera a la paridad entre mujeres y hombres.

Lo anterior a pesar de que el honorable Congreso aprobó en 2006 la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objeto de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado y de promover el empoderamiento de las mujeres. Esta Ley establece en la fracción VII de su artículo 36 la obligación de las autoridades correspondientes de fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Esta situación fue objeto del estudio y preocupación de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, quien con motivo de su última visita a México emitió un informe aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que se señala:

10. Si bien la Relatora Especial reconoce la creación del Programa de Equidad de Género en el Poder Judicial Federal, el contexto cuasi-patriarcal y la prevalencia de determinadas convenciones sociales son un obstáculo que inhibe la carrera judicial de las mujeres, especialmente en los cargos más altos de la magistratura. Por ello, la Relatora Especial considera que deberían considerarse medidas especiales de carácter temporal para garantizar una presencia equitativa entre hombres y mujeres dentro de los poderes judiciales y para asegurar el ingreso y promoción de las mujeres en la carrera judicial. La implementación de estas medidas debería ir acompañada de una labor de sensibilización y entendimiento de su significado por parte de todos los funcionarios jurisdiccionales.

94. Con base en las conclusiones arriba expuestas, la Relatora Especial se permite formular las siguientes recomendaciones al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos:

d) Deberían considerarse medidas especiales temporales para garantizar una presencia equitativa entre hombres y mujeres en los poderes judiciales, suficiente formación y concientización encaminada a entender la finalidad y motivación de estas medidas especiales entre todo el personal judicial y asegurar el ingreso y ascenso de las mujeres en la carrera judicial.

Estamos convencidos que el empoderamiento de las mujeres y su participación en condiciones de igualdad en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder son elementos fundamentales e indispensables para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, además de proporcionar un equilibrio que refleja de manera más exacta la composición social y se perfila como una exigencia de la democracia que tiene resultados positivos, ya que introduce nuevas ideas y valores lo que nos llevará a la obtención de resultados que tomen en cuenta los intereses y necesidades del conjunto de la población. 

Así ha sido reconocido también en diversos foros intergubernamentales tanto en el ámbito internacional, como en el que se refiere a América Latina y el Caribe. En la Cumbre Mundial 2005, por citar un ejemplo, los dirigentes de los países participantes declararon que “el progreso de la mujer es el progreso de todos”.

La participación de las mujeres en la toma de decisiones, en condiciones de igualdad respecto a los hombres, tiene un papel fundamental en su adelanto, por lo que es preciso impulsar el reconocimiento de sus derechos en el acceso y distribución del poder mediante reformas constitucionales y en otras materias que les aseguren una representación por composición poblacional. 

Es por eso que el día de hoy, presentamos una iniciativa que tiene por objeto modificar el artículo 100 constitucional, a efecto de introducir los principios de igualdad de género y de no discriminación como parte de aquellos que deben regir el ingreso y desarrollo de la carrera judicial, así como las reformas conducentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de promover la paridad en la ocupación de las posiciones de decisión en el Poder Judicial federal.

En relación con lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 105 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

Primero. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 100.  ...

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...

...

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el ingreso y desarrollo de la carrera judicial, los cuales se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, igualdad de género y no discriminación. 

...

...

...

Segundo. Se reforman los artículos 105 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 105. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el presente Título, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, antigüedad, igualdad de género y no discriminación, en su caso.

Artículo 182 Bis. El proceso de selección de los servidores públicos del Poder Judicial de la federación debe realizarse con base en los principios de equidad de género y la no discriminación. 

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a primero de agosto de dos mil doce.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Agosto 1 de 2012.)

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