Iniciativas de Ley

Que reforma la fracción xvi del artículo 75 de la ley general de educación, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Pan, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

  • Fecha de presentación: miércoles, 01 de agosto de 2012
  • Tema: -
  • Legislatura: LXI (2009-2012)
  • Comisión: No turnado a comisión
  • Presentó: DIp. Lucila del Carmen Gallegos Camarena
  • Dictamen: Sin dictamen

Que reforma la fracción xvi del artículo 75 de la ley general de educación, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Pan, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

Que reforma la fracción xvi del artículo 75 de la ley general de educación, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Pan, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012 

La que suscribe, diputada federal Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 75 de la Ley General de Educación, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema 

En la actualidad, de acuerdo con la Ley General de Educación los prestadores de servicios educativos tienen el deber de tomar las medidas necesarias para garantizar a nuestras niñas y niños su integridad física, psicológica y social, sin embargo, aquel que sea omiso respecto de esta obligación queda sin sanción, lo que deja a las y los educandos, así como a los padres de familia absolutamente desprotegidos; por ello, consideramos indispensable reformar la fracción XII del artículo 75 de la Ley General de Educación a efecto de que aquellos prestadores de servicios educativos que no tomen las medidas necesarias para asegurar la integridad física, psicológica y social de los educandos sean considerados infractores a la ley y por lo tanto sancionados conforme a derecho.

Exposición de Motivos

Una de las prioridades de los padres de familia al dejar a sus hijas e hijos en la escuela, además de que éstos reciban una educación de calidad, es que durante el tiempo que permanezcan ahí se encuentren seguros.

Una escuela segura encierra varios aspectos, el primero tiene que ver con la seguridad en cuanto a las instalaciones, el segundo con la capacidad de actuación de docentes y personal de las escuelas ante un siniestro o accidente y el tercero de las medidas que toman las autoridades escolares para garantizar la integridad de los educandos en cuanto a la prevención de ilícitos y conductas que se pueden dar tanto entre compañeros de clase como de docentes a estudiantes como la violencia, conocida ahora como bullying. 

La necesidad de proporcionar a los alumnos las mejores condiciones de seguridad durante su permanencia en la escuela, es una de las preocupaciones fundamentales que debe estar presente desde los mismos comienzos del proyecto de edificación escolar. Una escuela es segura cuando es planificada, construida de acuerdo a normativas arquitectónicas vigentes, mantenida, ordenada, equipada, con personal que esté capacitado y sea conocedor de las fortalezas y debilidades que pueda contar la institución para actuar sobre ellas.

Una escuela confortable brinda bienestar a sus ocupantes e interviene directamente en el concepto de salud: condiciones de temperatura ambiental ideales y constantes, ventilación e iluminación óptimas, espacios adecuados a las tareas y número de individuos que la ocupan, sumándose a ellos aspectos estéticos.

Todos estos factores de bienestar favorecen el desarrollo de las tareas que realiza cualquier integrante dentro de la escuela, el proceso de enseñanza –aprendizaje, el rendimiento escolar, la comunicación.

Respecto al segundo aspecto, la realidad es que en México no existen cifras y estadísticas confiables de la siniestralidad en los centros escolares, a diferencia de otros países como Argentina, en donde se tiene una tasa de 4 accidentes por cada mil estudiantes en un período anual, con el 38 por ciento de los casos ocurriendo en el período del recreo, y otro tanto similar en aulas y clases de Educación Física.

La principal causa de esta carencia de cifras es la reticencia cuando no abierta negativa de los centros escolares para dar a conocer cuando ocurren accidentes dentro de sus instalaciones, en especial si se han presentado lesiones de cierta consideración, o bien pudiera estar involucrado algún desempeño inapropiado por parte del personal docente del plantel que implicase alguna forma de responsabilidad. Tal reticencia suele estar motivada por cuestiones de imagen y prestigio ante su población escolar, en primera instancia, así como hacia la sociedad en general, independientemente del carácter del centro escolar que puede ser el de una institución pública, con posibles implicaciones de responsabilidades oficiales, o bien el de un establecimiento privado, con derivaciones de tipo legal.

Aún sin contar con estadísticas al respecto la realidad es que los accidentes existen y los centros escolares conforman un entorno muy susceptible para que éstos ocurran, dentro de ellos los alumnos constituyen el universo vulnerable para sufrirlos debido al perfil de actividad que llegan a desarrollar, con la mayor probabilidad ubicada en los grupos de menor edad, y de mayor tiempo de permanencia en la instalación, así como de mayor número de alumnos por grupo.

Lamentablemente, la creencia popular de que los accidentes son hechos fortuitos, consecuencia de fenómenos aleatorios y de alguna manera vinculados al “destino” de las personas, por lo que son algo “inevitable”, ha hecho que exista poca o nula capacitación sobre cómo evitarlos o bien cómo reaccionar ante ellos cuando en realidad más del 90 por ciento de los accidentes son evitables, tanto en su ocurrencia como en sus consecuencias. Una escuela segura debe contar con docentes y personal escolar capacitado sobre cómo evitar y qué hacer ante uno de estas eventualidades.

El tercer aspecto se refiere a tomar las medidas adecuadas para que dentro de los planteles educativos se evite la comisión de hechos ilícitos en contra de los educandos así como la violencia o acoso escolar, también conocido por su término inglés bullying que se define como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Implica violencia sistemática sobre una persona, por parte de un individuo o grupo dentro del entorno escolar.

Las prácticas del bullying incluyen golpear, empujar, burlar, insultar, excluir, hacer gestos que denoten intención de hacer daño, acoso sexual y de manera más reciente, el envío de mensajes insultantes por correo electrónico, redes sociales en internet o teléfonos celulares.

Las escuelas deben garantizar la seguridad de las niñas y niños que estudian en ellas, lo cual implica que tanto el personal docente y directivo estén en capacidad de detectar y atender de manera efectiva las agresiones el maltrato que se da entre alumnos y alumnas. Para ello es necesario el diseño de estrategias de prevención de la violencia en las escuelas, además de potenciar la sinergia de esfuerzos de distintos actores y agentes sociales, incluyendo la participación activa de las familias.

En este sentido, el artículo 42 de la Ley General de Educación establece que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Asimismo, este precepto legal dispone que en caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.

Por otra parte, la fracción XII del artículo 75 del mismo ordenamiento jurídico señala que es infracción a esa Ley contravenir las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del artículo 42 por lo que corresponde a las autoridades educativas, dejando de lado las contravenciones al primer párrafo de este precepto. 

En este mismo sentido, el último párrafo del artículo 75 establece que las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que, las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos, por lo que consideramos ociosa la especificación que hace la fracción XII cuando señala que se aplica sólo por lo que corresponde a las autoridades educativas.

Como se desprende de lo expuesto, en la actualidad, de acuerdo con la Ley General de Educación los prestadores de servicios educativos tienen el deber de tomar las medidas necesarias para garantizar a nuestras niñas y niños su integridad física, psicológica y social, sin embargo, aquel que sea omiso respecto de esta obligación queda sin sanción, lo que deja a las y los educandos, así como a los padres de familia absolutamente desprotegidos.

A mayor abundamiento las autoridades escolares tienen la obligación de dar el mantenimiento adecuado al inmueble que sirve de plantel escolar, pero si no lo hiciere, aún cuando de esta actitud negligente se derivara un accidente, el centro escolar no sería sancionado. De la misma manera, las autoridades escolares tienen la obligación de actuar ante un posible caso de bullying pero si no lo hiciere y algún o alguna niña resultara dañada en su esfera biopsicosocial, la escuela quedaría sin castigo.

Lo anterior está íntimamente relacionado con la eficacia de la ley. Desde el punto de vista formal, los enunciados de un sistema jurídico pueden ser considerados como normas cuando, partiendo de una concepción del derecho como sistema, sus enunciados prevén un supuesto de hecho o se relacionan entre sí para vincular uno con una consecuencia jurídica.

En función del carácter prescriptivo de las normas jurídicas se ha producido la vinculación del derecho a los conceptos de sanción y coacción, principalmente por la identificación de las normas jurídicas con las penales. Es por ello que se ha llegado a afirmar que un sistema normativo es jurídico porque prevé normas que prescriben actos coactivos y órganos que pueden ejecutar decisiones coercitivamente. Pero si bien la coercibilidad es una de las notas distintivas del derecho que provee a la eficacia en la aplicación de la norma mediante la ejecución de la sanción, no es la única. Kelsen consideraba a la sanción coactiva como elemento definitorio del derecho, puesto que hace posible exigir la realización de la conducta aun en contra de la voluntad del sujeto obligado, la aportación más valiosa de esta tesis es que presume una concepción del derecho como unidad, lo cual permite que las normas se interrelacionen y que cada norma esté vinculada de una manera más o menos directa a una sanción coactiva.

En tal virtud, consideramos indispensable reformar la fracción XII del artículo 75 de la Ley General de Educación a efecto de que aquellos prestadores de servicios educativos que no tomen las medidas necesarias para asegurar la integridad física, psicológica y social de los educandos sean considerados infractores a la ley y por lo tanto sancionados conforme a derecho.

Tenemos la certeza que con este tipo de acciones legislativas estaremos contribuyendo a garantizar el interés superior de la infancia, así como brindando elementos a los padres de familia para la defensa y protección de sus hijas e hijos, lo que sin duda alguna redundará en seguridad y tranquilidad para las familias mexicanas.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción XVI del artículo 75 de la Ley General de Educación 

Artículo 75. ...

I. a XI. ...

XII. Contravenir las disposiciones contempladas en el artículo 7o.; en la fracción VII del artículo 12; en el artículo 42 y, en el segundo párrafo del artículo 56;

XIII. a XVI. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a primero de agosto de dos mil doce.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena 

(rúbrica)


(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Agosto 1 de 2012.)

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