Iniciativas de Ley

Que reforma la fracción III del apartado a del artículo 2o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 25 de julio de 2012

  • Fecha de presentación: miércoles, 25 de julio de 2012
  • Tema: -
  • Legislatura: LXI (2009-2012)
  • Comisión: No turnado a comisión
  • Presentó: Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena
  • Dictamen: Sin dictamen

Que reforma la fracción III del apartado a del artículo 2o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 25 de julio de 2012

Que reforma la fracción III del apartado a del artículo 2o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 25 de julio de 2012 

La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor siguiente:

Planteamiento del problema

El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, entre sus observaciones al Gobierno Mexicano, destaca que pese a que la Convención refiere el concepto de igualdad, aún en los planes y programas del Estado parte, se utilice el término equidad, cuando esta última sólo representa un paso preliminar para lograr la igualdad; Con esta reforma se pretende eliminar la gran confusión conceptual al utilizar de manera indistinta los términos de equidad e igualdad, adecuando ordenamientos internacionales, con nuestro marco jurídico nacional.

Exposición de Motivos

La noción de género alude a una categoría social basada en la construcción sociocultural e histórica que nace a partir de la diferencia sexual. Ésta permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, contribuye a reconocer las causas que las producen y ha ayudado a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la problemática no en las mujeres o los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión.

La equidad de género implica la posibilidad de tratamientos diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Estas medidas son conocidas como acciones positivas o afirmativas pues facilitan a los grupos de personas considerados en desventajas en una sociedad, en este caso mujeres y niñas, el acceso a esas oportunidades. Unas oportunidades que pasan, de forma ineludible, por el acceso a una educación no sexista, a una salud integral, al empleo digno, a la planificación familiar, a una vida sin violencia, entre muchos otros.

De lo anterior podemos concluir entonces, que la equidad no es otra cosa que un medio para llegar a la igualdad de género, lo cual es, sin duda alguna el objetivo a alcanzar.

La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera, es decir, el pleno y universal derecho de hombres y mujeres al disfrute de la ciudadanía, no solamente política sino también civil y social. Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que tengan las mismas condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos, responsabilidades y oportunidades sin importar el sexo con el que han nacido.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, afirmó: “La igualdad de las mujeres y las niñas constituye también un imperativo económico y social. Hasta que no se logre liberar a mujeres y niñas de la pobreza y la injusticia, todos nuestros objetivos –la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible– correrán peligro”.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha señalado que la igualdad entre los géneros es un prerrequisito del desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social.

El PNUD considera además, que la inversión en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son vitales, no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, sino para lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida.

Conscientes de lo anterior, los gobiernos, en particular el de México, han adquirido diversos compromisos con los derechos de la mujer y la igualdad de género, mismos que han sido acordados en numerosos foros mundiales y en la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

Uno de los foros mundiales más importantes es la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing, en 1995, en donde se manifestó el compromiso de la comunidad internacional por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El mensaje principal de la Conferencia fue que igualdad de género significa la aceptación y la valoración por igual de las diferencias entre mujeres y hombres y los distintos papeles que juegan en la sociedad.

A partir de esta conferencia la igualdad de género deja de ser percibida como un asunto de mujeres, para considerarse como un objetivo que afecta, de manera transversal, a todos y cada uno de los ámbitos del desarrollo. Se trata del enfoque conocido como Género en el Desarrollo, que plantea la necesidad de definir, con la activa participación de las mujeres, un nuevo modelo de desarrollo que subvierte las relaciones de poder basadas en la subordinación de las mujeres.

De esta conferencia surgieron la declaración la cual deja de manifiesto la decisión de los Estados, entre ellos nuestro país, de garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres en la educación y la atención de salud, entre otros temas, y la Plataforma de Acción la que señala que su aplicación es responsabilidad de los Estados y que ésta debe hacerse de conformidad con todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como el completo respeto de valores, antecedentes y convicciones, los cuales deberán contribuir al pleno disfrute de los derechos humanos por las mujeres a fin de conseguir la igualdad, el desarrollo y la paz.

Estos compromisos, así como los adquiridos por los Estados en otras conferencias y reuniones internacionales, fueron reafirmados por la comunidad mundial en la Cumbre del Milenio e incorporados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000.

La Declaración del Milenio sostiene que la igualdad de género no es apenas un objetivo en sí mismo, sino una condición esencial para alcanzar todas las metas de desarrollo. En la Cumbre del Milenio los declarantes resolvieron “promover la igualdad de géneros y la potenciación de la mujer como forma eficaz de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, así como de estimular un desarrollo realmente sostenible”.

El gobierno de México ha recibido algunas observaciones derivadas del incumplimiento de obligaciones internacionales, o bien, del poco avance de nuestro país en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, de las que llaman la atención las siguientes:

18. El Comité observa con preocupación que, si bien la Convención se refiere al concepto de igualdad, en los planes y programas del Estado Parte se utiliza el término “equidad”. También preocupa al Comité que el Estado Parte entienda la equidad como un paso preliminar para el logro de la igualdad.

19. El Comité pide al Estado Parte que tome nota de que los términos equidad e igualdad transmiten mensajes distintos, y su uso simultáneo puede dar lugar a una confusión conceptual. La Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho (en la forma y el fondo) entre mujeres y hombres. El Comité recomienda al Estado Parte que en sus planes y programas utilice sistemáticamente el término igualdad. 

En la Carta Magna, particularmente en el artículo 4o., se establece el principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres, que señala: “El varón y la mujer son iguales ante la ley...” Sin embargo, la fracción III, del Apartado A del artículo 2 del mismo ordenamiento dispone la autonomía de los pueblos indígenas para elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones.

Como vemos en lo expuesto en el párrafo anterior, efectivamente desde el contenido de nuestra Constitución Política se promueve esta confusión conceptual al utilizar ambos términos, equidad e igualdad, de manera indistinta.

El mismo artículo 2o. constitucional señala los casos en que pueblos indígenas, en el ejercicio de su libre determinación y de su autonomía deben sujetarse “a los principios generales de la misma Carta Magna, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”. En tal virtud y toda vez que la igualdad jurídica constituye un principio constitucional, una garantía individual y uno de los derechos humanos que garantizan la dignidad de las mujeres consideramos indispensable reformar este precepto jurídico a efecto de sustituir el término equidad por el de igualdad .

Estamos convencidos de que debemos aspirar a la igualdad, por ella debemos trabajar y apostar. Así lo ha señalado el presidente Felipe Calderón: “Es momento de que hagamos realidad la igualdad ante la ley que por principio constitucional gozamos tanto hombres como mujeres. Es momento de romper con barreras culturales que detienen nuestro crecimiento, porque sólo con el esfuerzo conjunto de todos los mexicanos y las mexicanas, podremos construir un país más democrático con igualdad, justicia y prosperidad para todos”.

Con base en lo anterior, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Único.  Se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. 

...

...

...

...

A. ...

I.  y II. ...

III.  Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

IV. a VIII. ...

...

B. ...

...

I. a IX. ...

...

...

Transitorio

Único.  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 25 de julio de 2012.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena

 (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Julio 25 de 2012.)

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