Iniciativas de Ley

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

  • Fecha de presentación: miércoles, 01 de agosto de 2012
  • Tema: -
  • Legislatura: LXI (2009-2012)
  • Comisión: No turnado a comisión
  • Presentó: Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena
  • Dictamen: Sin dictamen

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012 

La que suscribe Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución, y 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la facción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se adiciona una fracción tercera al Código Penal Federal, se adiciona un párrafo quinto y se recorren los subsecuentes del Código Federal de Procedimientos Penales, se reforma el inciso b) de la fracción I y se adiciona una fracción IV a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema 

Buscando salvaguardar en todo momento el interés de paz, de seguridad y justicia de la sociedad, así como con el objeto de impedir la impunidad de quienes teniendo la obligación de conducirse de manera honrada, de acuerdo al cargo que desempeñan, promuevo la propuesta tiene como objeto primordial que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción en aquellos casos en que los servidores públicos que integran del sistema de justicia penal, con motivo de su encargo o empleo incurran en delitos vinculados con la delincuencia organizada.

Exposición de Motivos

Es claro que el problema que ha generado la delincuencia organizada en nuestro país, merece de una gran atención por parte de todas las instituciones. Sus acciones y efectos se han hecho presentes a lo largo del territorio nacional y ha afectado a un gran número de mexicanos.

Este mal, constituye un problema de suma gravedad, ya que, además de afectar los intereses de los particulares, también daña a la colectividad, pues incluso pone en riesgo la seguridad nacional y la vigencia del estado de derecho.

En esta idea, la propia Procuraduría General de la República (PGR) considera, respecto a la delincuencia organizada, lo siguiente:

“La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de “alianzas y vínculos” que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad. 

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitución.” 1 

Por lo anterior, se debe resaltar la magnitud del daño que causan las actividades desplegadas por la delincuencia organizada, así como los alcances que tiene, toda vez que en su afán de lastimar a la sociedad, han ido penetrando no sólo a las estructuras sociales, sino inclusive a las estructuras del estado en diversos ámbitos.

Bajo este panorama, las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, no han quedado exentas de ser penetradas por las redes de la delincuencia organizada, en perjuicio de nuestra sociedad.

Han sido de conocimiento general, el gran número de casos en que servidores públicos han sido corrompidos por organizaciones delictivas y han optado por desempeñar sus funciones con el objeto de beneficiar a éstas, afectando gravemente a la ciudadanía.

Debemos observar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el sistema de justicia penal se encuentra a cargo de dos instituciones, encargadas de la procuración y administración de justicia. Concretamente, tales actividades le corresponden a las procuradurías de justicia y tribunales del poder judicial, ya sea del ámbito local o bien del fuero federal.

Por lo que respecta a la procuración de justicia, por mandato constitucional, se trata de una función asignada al Ministerio Público o a su personal adscrito. A su vez, la administración de justicia queda a cargo de los poderes judiciales estatales y de la federación, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Estas actividades no se encuentran al libre arbitrio de quienes las desempeñan. Por el contrario, éstas se encuentran normadas por, además de lo mandatado a nivel constitucional, las disposiciones sustantivas y adjetivas de su competencia, así como por lo dispuesto en las respectivas leyes orgánicas.

Todas estas normatividades, como ya se dijo, establecen los lineamientos bajo los cuales habrán de conducirse los servidores públicos que a su cargo tienen las funciones inherentes al desahogo del procedimiento penal.

Estas funciones se traducen en una responsabilidad que le es conferida a estos servidores públicos, a efecto de que presten un servicio de suma importancia y en el cual siempre debe prevalecer el beneficio de los intereses de los ciudadanos que acuden en busca de justicia, ya que la consecución de ésta se consolidaría en un pilar fundamental para su convivencia armónica.

No debemos pasar inadvertido que el sistema de justicia, es también un instrumento que contribuye a menoscabar la incivilidad, la arbitrariedad y el autoritarismo. Aunado a ello se debe de considerar que las exigencias de la ciudadanía de que existan condiciones de igualdad, legalidad y libertad, que son acordes a las modernas concepciones democráticas, sólo podrán lograrse tomando como fundamento el respeto incondicional a los derechos humanos de cada individuo. 

Ante ello, cabe mencionar que en relación a las funciones de los servidores públicos, la propia Constitución señala que la actuación de éstos deberá regirse salvaguardando la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia; Sin embargo, tampoco pasa desapercibido las innumerables ocasiones en que, quienes tienen la obligación de respetarlos, los conculcan en completo perjuicio de la sociedad.

Ante tal situación, se han tipificado, tanto en el ámbito local como en el federal, conductas en las cuales pueden incurrir los servidores públicos relacionados con la administración de justicia.

No obstante, en caso de enderezarse un procedimiento en contra de los operadores del sistema de justicia por haberse conducido de forma deshonesta, tratándose del fuero común, será seguido conforme a las disposiciones aplicables de acuerdo al ámbito local, buscando en todo momento castigar a quienes se conducen de tal forma y con ello afectan intereses de los particulares.

Más aún, ese actuar deshonesto puede afectar no sólo los intereses de determinados particulares, sino afectar en forma seria y grave los intereses de toda la nación.

Ante ello, buscando salvaguardar en todo momento el interés de paz, de seguridad y justicia de la sociedad, así como con el objeto de impedir la impunidad de quienes teniendo la obligación de conducirse de manera honrada, de acuerdo al cargo que desempeñan, es que se pone a consideración la presente iniciativa.

En tal virtud, la propuesta tiene como objeto primordial que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción en aquellos casos en que los servidores públicos que integran del sistema de justicia penal, con motivo de su encargo o empleo incurran en delitos vinculados con la delincuencia organizada.

Lo anterior responde a la necesidad de blindar a las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, del cáncer que es el crimen organizado y de esa forma erradicar la delincuencia en el país, pues es a todas luces un bastión de suma importancia para generar una sana convivencia de la sociedad.

Así las cosas, la propuesta infiere en reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ésta se establece la facultad de atracción por parte de la federación, concretamente en el artículo 73 fracción XXI.

Asimismo, se propone reformar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, a efecto de establecer la posibilidad de que las autoridades federales puedan investigar, procesar y sancionar lo delitos que sean cometidos por servidores públicos adscritos a instituciones de procuración o administración de justicia del fuero común, siempre que se trate de actos vinculados con el crimen organizado.

Es necesario precisar que la adición al artículo 2 del Código Penal Federal de una fracción III, no constituye la instauración de un delito. Por ello, resulta necesario que la remisión que hace el inciso b) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al citado precepto del Código Penal, se delimite a las fracciones I y II.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo a la facción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se adiciona una fracción tercera al Código Penal Federal, se adiciona un párrafo quinto y se recorren los subsecuentes del Código Federal de Procedimientos Penales, se reforma el inciso b) de la fracción I y se adiciona una fracción IV a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a XX.  ...

XXI. ...

... 

También podrán conocer de los delitos vinculados con la delincuencia organizada cometidos con motivo del ejercicio de un cargo, empleo o comisión dentro de las procuradurías de justicia y poderes judiciales de las entidades federativas y del Distrito Federal; 

...

XXII. a XXX. ...

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción III al artículo 2 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. - ...

I. y II...

III. En los casos en que las autoridades federales conozcan de los delitos cometidos con motivo del ejercicio de un empleo, cargo o comisión dentro de las procuradurías y poderes judiciales estatales o del Distrito Federal, que se vinculen con la delincuencia organizada. 


Artículo Tercero. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo, 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, recorriéndose los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

...

Podrá conocer, también, de los delitos que sean cometidos con motivo del ejercicio de un cargo, empleo o comisión en las procuradurías de justicia y poderes judiciales de las entidades federativas y del Distrito Federal, que se vinculen con la delincuencia organizada. 

También será competente para conocer de un asunto, un juez de distrito distinto al del lugar de comisión del delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, cuando el Ministerio Público de la federación considere necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubique dicho centro. 

En estos supuestos no procede la declinatoria. 

Artículo Cuarto. Se reforma el inciso b) de la fracción I y se adicional una fracción IV al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 50. ...

I. ...

... 

a) ...

b) Los señalados en los artículos 2 fracciones I y II y en el 3 a 5 del Código Penal Federal; 

c) a m) ...

II. y III. ...

IV. De los delitos cometidos con motivo del ejercicio de un empleo, cargo o comisión en las procuradurías y poderes judiciales estatales o del Distrito Federal, que se vinculen con la delincuencia organizada, siempre que la Procuraduría General de la República ejerza la facultad de atracción establecida por el artículo 73, fracción XXI de la Constitución. 

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas 

1. Consultado en línea en: http//www.pgr.gob.mx/Combate%a%20Delincuencia/Delitos%20Federales/Delin cuencia%20Organizada//Delincuencia%20Organizada.asp

Senado de la República, Sede de la Comisión Permanente, a primero de agosto del año dos mil doce.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena 

(rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Agosto 1 de 2012)

Realizar otra búsqueda