Iniciativas de Ley

Que expide la ley del instituto nacional de la niñez y la adolescencia, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

  • Fecha de presentación: miércoles, 01 de agosto de 2012
  • Tema: -
  • Legislatura: LXI (2009-2012)
  • Comisión: No turnado a comisión
  • Presentó: Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena
  • Dictamen: Sin dictamen

Que expide la ley del instituto nacional de la niñez y la adolescencia, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

Que expide la ley del instituto nacional de la niñez y la adolescencia, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Pan, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012 

La que suscribe, diputada federal, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que fue ratificada por el Estado Mexicano en 1990, constituyó un instrumento fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia y, por ende, para establecer compromisos y lineamientos para garantizar los derechos establecidos en la misma. Desde su creación los Estados parte, se comprometieron a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos en ella establecidos.

En el entendido de que las leyes constituyen un marco propicio para establecer las prioridades del desarrollo de un país y constituyen el origen de las políticas públicas, los compromisos adquiridos en la citada convención pronto sirvieron para que diversos organismos, como el Comité de los Derechos del Niño, encargado de supervisar el cumplimiento de dicho instrumento internacional, insistieran en la necesidad de armonizar las leyes para garantizar su aplicación en el corto y en el largo plazo.

En México, durante los 10 años de vigencia de la convención, ocurrieron progresos substanciales en materia de derechos de la niñez, tal es el caso de diversas reformas legislativas, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 90, que tocaron aspectos como la violencia doméstica, las adopciones, la tipificación de delitos cometidos contra niñas y niños, entre otros.

Pese a que estas reformas eran necesarias y que constituyeron un avance significativo, no superaban la desarticulación y contradicciones de los diversos ordenamientos legales referidos a la niñez en los distintos ámbitos.

Tales contradicciones, frente a las difíciles y deprimentes condiciones de vida de millones de niñas y niños en México, justificaban, incluso, propuestas en torno a reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer los compromisos de nuestro país sobre derechos de la niñez y la adolescencia y orientar así las leyes federales y estatales, dando origen a instrumentos especializados para su defensa y protección.

En este sentido fue que a finales de 1999, este órgano legislativo aprobara la reforma y adición al artículo 4o. de la Carta Magna que introduce la noción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, señalando algunas obligaciones básicas de la familia, la sociedad y el Estado para protegerlos.

Asimismo, en abril de 2000, el Legislativo aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Reglamentaria del Artículo 4o. Constitucional.

Con estas medidas se dio un paso fundamental en materia de protección de los derechos de la niñez, principalmente porque introducen por primera vez en la historia del país, el concepto de niña, niño y de sus derechos, aspectos que resultan fundamentales para un trato diferente hacia ese sector. Además, la citada modificación constitucional llevó a reflexionar en torno a la necesidad de contar con un marco legal amplio que garantizara los derechos de la niñez y las condiciones que son básicas para hacerlos valer.

No obstante lo anterior y sin demeritar la importancia y las grandes bondades de estas reformas, un análisis más detallado muestra profundas limitaciones, omisiones y contradicciones que ponen en riesgo tanto los derechos que se establecen en las mismas como los que garantiza la Convención y, sobre todo la posibilidad real de establecer una estrategia, desde el marco legal, que atienda de forma integral y efectiva a las apremiantes necesidades de niñas y niños en nuestro país.

Ejemplo de lo anterior, es que dentro de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quedaron fuera las instancias que podrían dar seguimiento al cumplimiento de los derechos establecidos en la misma, para articular acciones y definir políticas a favor de la niñez; como ha ocurrido en otras leyes de este tipo en países como Brasil o República Dominicana.

Sin duda alguna los vacíos y limitaciones de la legislación existente se ven reflejados en la situación que aún prevalece en la infancia mexicana.

De acuerdo con cifras de UNICEF, en México, durante 2009, la población entre 0 y 5 años de edad era de 11.6 millones, de los cuales el 61.2 por ciento estaba en condiciones de pobreza patrimonial y el 27.4 por ciento en condiciones de pobreza alimentaria. Para ese mismo año existían 13 millones de niñas y niños entre los 6 y los 11 años de edad, más de la mitad de ellos se encontraban en situación de pobreza patrimonial (62.2 por ciento) y uno de cada cuatro (28 por ciento), no contaba con los ingresos suficientes para cubrir sus requerimientos alimenticios.

Asimismo, se contaba con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad, de éstos el 55.2 por ciento viven en pobreza, uno de cada 5 adolescentes tenía ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanzaba siquiera para la alimentación mínima requerida.

Hasta el 2008, la mortalidad durante la primera infancia era de 17.9 de cada mil, una cifra alta si se tiene en cuenta el poder económico de México. Para ese año, más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no asistían a la escuela debido a diversas causas. La principal se relaciona con la pobreza y el trabajo infantil: en 2007, se estimó que 556 mil niñas y niños de este rango de edad trabajaban. Asimismo, casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela.

En 2007, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atendió alrededor de 46 casos de maltrato a niños menores de 18 años por día, siendo las niñas ligeramente más afectadas que los niños, y señalando que dos de cada tres casos registrados de maltrato (62.3 por ciento) son de violencia física y emocional, mientras que de abuso o explotación sexual el 3.9 por ciento de los casos.

Si cuando hablamos de los derechos humanos en general entendemos que es mucho lo que falta para lograr la justicia y dignidad humanas, cuando se trata de los niños y niñas vemos que el vacío es todavía enorme. El avance de los derechos humanos muestra la necesidad de avanzar en la comprensión y proyección de aquellas condiciones que son necesarias para la niñez, de forma que seamos capaces de articular aquellos elementos que son necesarios para ello.

En este sentido, el Comité sobre los Derechos del Niño ha manifestado que si bien tanto los adultos como los niños necesitan instituciones nacionales independientes para proteger sus derechos humanos, existen motivos adicionales para velar porque se preste especial atención al ejercicio de los derechos humanos de los niños. Estos motivos comprenden el hecho de que el estado de desarrollo de los niños los hace particularmente vulnerables a violaciones de los derechos humanos; rara vez se tienen en cuenta sus opiniones; la mayoría de los niños no tienen voto y no pueden asumir un papel significativo en el proceso político que determina la respuesta de los gobiernos ante el tema de los derechos humanos; los niños tropiezan con dificultades considerables para recurrir al sistema judicial a fin de que se protejan sus derechos o pedir reparación por las violaciones de sus derechos; y el acceso de los niños a las organizaciones que pueden proteger sus derechos en general es limitado.

Asimismo, el comité ha recomendado al gobierno mexicano, que las leyes federales y estatales reflejen los principios y medidas establecidas en la multicitada convención; que tales medidas fortalezcan el mandato y los recursos humanos y financieros de instancias que pudieran dar seguimiento al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Estamos convencidos que hemos alcanzado un importante progreso en materia de derechos de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, estamos también consientes de que la atención brindada a niñas, niños y adolescentes en nuestro país se encuentra dispersa y desarticulada lo que ha producido duplicidad de esfuerzos, recursos y acciones, restando eficacia a las acciones emprendidas en algunos campos e impidiendo actuar en otros.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Inegi, se contabilizaron 112 millones, 336 mil 538 personas, de las cuales 43 millones, 541 mil tienen menos de 19 años, casi dos millones más de niñas, niños y adolescentes que los existentes en 2005, esta importante cifra así como el compromiso del Estado mexicano de atender al interés superior de la infancia, nos urge a asumir un papel más decisivo en la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.

No debemos olvidar que el principio del interés superior de la infancia ha evolucionado conjuntamente con el reconocimiento progresivo de sus derechos y ha alcanzado un importante grado de desarrollo, hasta el punto de buscar constituirse en una garantía de la vigencia y satisfacción de los demás derechos que consagran tanto el derecho internacional como la Constitución Política, es decir, con un rol jurídico definido que, además, debe proyectarse hacia las políticas públicas e, incluso, orientar el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas. Cabe hacer mención que está en proceso de aprobarse la incorporación de este principio al carácter de norma fundamental.

Es por esto que consideramos que para asumir la protección integral de los derechos la niñez y la adolescencia de una manera más firme y definitiva por parte del Estado, se requiere la creación de un organismo, con atribuciones y deberes amplios, que organice, dirija y coordine un sistema efectivo de protección y defensa de sus derechos y que posibilite el desarrollo integral de su personalidad tomando en cuenta sus derechos, deberes y necesidades.

Para lograr lo anterior, proponemos la presente iniciativa con la que se pretende establecer que éste debe ser un organismo que cuente con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, mismos que están definidos en el capítulo correspondiente a Disposiciones Generales de la presente iniciativa.

Asimismo, consideramos pertinente incluir en un capítulo segundo, la forma en que se estructurará orgánica y funcionalmente dicho ente, así como señalar como órganos de administración de éste, a su Presidencia, a una Junta de Gobierno y una Secretaría Ejecutiva, cuya conformación y facultades estén claramente determinados.

Por otra parte, se establece en un capítulo tercero, la forma en que se nombrará a quien ocupe la Presidencia del citado organismo, estipulando que para tal efecto deberá cubrir ciertos requisitos como: ser mexicano por nacimiento, haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, haber destacado por su labor a favor de la infancia y la adolescencia, entre otros.

Se incluye también un capítulo en que se especifica cómo y quien hará el nombramiento de la Secretaría Ejecutiva y las facultades con las que ésta contará para el ejercicio de sus funciones.

Se establece, en un siguiente capítulo, la integración del Consejo Consultivo, cuya estructura no podrá ser menor de 10 integrantes ni mayor de 20 y que tiene como objeto que representantes de la sociedad civil participen como asesores, promotores, analistas y evaluadores de las acciones que se emprendan en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

En un capítulo sexto se dispone que los tres Poderes de la Unión colaborarán con el organismo dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Nacional para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, se plantea que las dependencias y entidades de la administración pública federal, los órganos de impartición de justicia federal y el Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias, deberán implantar políticas, programas y acciones encaminadas a garantizar el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El capítulo octavo determina que el citado organismo contará con patrimonio propio, que se integrará, entre otros, con los derechos y bienes que le sean asignados por el sector público, los que les sean trasmitidos por el privado y las aportaciones que se adquieran por cualquier título.

Por otro lado, se establece también lo referente a las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores.

En el capítulo décimo se dispone que el instituto cuente con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública.

Se agrega un último capítulo que establece que el incumplimiento de los preceptos establecidos por la Ley, será sancionado conforme a lo que al efecto dispone la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Sabemos que con la presentación y aprobación de ésta iniciativa, se requerirán reformas a otros ordenamientos jurídicos que nos permitan atender de una forma más integral a la infancia y adolescencia de nuestro país, por eso nos hemos dado a la tarea de revisar cuidadosamente la legislación correspondiente y estamos elaborando otra iniciativa con la que se pretende lograr la sinergia legislativa necesaria, que presentaremos en los próximos días.

Antes de concluir con esta exposición, me gustaría transmitir una reflexión de Gerardo Sauri, incansable luchador social a favor de la infancia:

“Vemos, al final de este siglo a una niñez diferente, a una niñez que requiere mejores condiciones para construirse; una niñez viva y creativa, que nos sorprende por su capacidad de sobreponerse a pesar de las situaciones a las que en muchas ocasiones se ve sometida, a pesar de decisiones equivocadas que se hacen en su nombre. Vemos en suma a una niñez con un enorme potencial como parte de la humanidad. Y sin embargo, vemos también que la sociedad no ha construido aún estructuras suficientes para permitir y canalizar dicho potencial, vemos temor e incomprensión.

“Vemos la enorme necesidad de educarnos como sociedad dentro de una cultura que permita una mejor comprensión y actitud frente a esta joven población que hasta hace muy poco tiempo era casi invisible.

“Vemos que esa es una necesidad imperiosa en un momento histórico en donde niños y niñas sufren condiciones aberrantes y miserables que niegan y cancelan los derechos más elementales que forman parte de la vida humana.” 1 

Necesitamos crear el marco legal adecuado que responda de una forma más coordinada e integral a las necesidades y demandas de la infancia y la adolescencia de este país. Los invito a invertir nuestro tiempo y esfuerzo en favor de las niñas, niños y adolescentes de hoy, porque ese es el único camino para tener el día de mañana un México mejor.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

Único. Se expide la Ley del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia, para quedar como sigue:

Ley del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general, en los términos del párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Se crea el Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 3. El objeto general del instituto es promover y fomentar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de una política nacional acorde a los lineamientos derivados del Plan Nacional de Desarrollo y que atienda en todo momento a los principios del interés superior de la infancia y de no discriminación.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Instituto: el Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

II. Junta de Gobierno: la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

III. Presidencia: la Presidencia del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

IV. Secretaría Ejecutiva: el o la titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

V. Consejo Consultivo: el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

VI. Política nacional: la política nacional en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

VII. Programa: el Programa Nacional para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 5. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Definir e instrumentar una política nacional a favor de la infancia y la adolescencia, que permita garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Promover, proteger y difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales ratificados por México, así como en las leyes de la materia;

III. Promover, dar seguimiento y evaluar periódicamente la política nacional destinada a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como emitir los informes para dar cuenta de los resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias de dicha política nacional;

IV. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado respecto de la planeación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia;

V. Ejecutar la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con niñas, niños y adolescentes,

VI. Fungir como representante del gobierno federal en materia de niñas, niños y adolescentes, ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación;

VII. Apoyar la formulación e implantación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para alcanzar el goce pleno de los derechos de niñas niños y adolescentes;

VIII. Impulsar la incorporación de acciones encaminadas a garantizar el desarrollo integral y los derechos de la infancia y la adolescencia en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación;

IX. Garantizar una adecuada representación legal de los intereses de niñas, niños y adolescentes ante las autoridades judiciales o administrativas, así como que cuenten con orientación jurídica y social, sin contravenir las disposiciones legales aplicables;

X. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito, coadyuvando en la averiguación previa;

XI. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno, con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y con la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las niñas, niños y adolescentes;

XII. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XIII. Promover vínculos de colaboración entre los tres Poderes de la Unión y la sociedad, a fin de que se lleven a cabo acciones dirigidas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia y la adolescencia;

XIV. Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupen de los asuntos de las niñas, niños y adolescentes en las entidades federativas para promover y apoyar las políticas, programas y acciones en materia de derechos de la infancia y la adolescencia;

XV. Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la participación de niñas, niños y adolescentes;

XVI. Promover, elaborar y publicar obras, estudios, diagnósticos e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las niñas, niños y adolescentes en los distintos ámbitos de la sociedad;

XVII. Gestionar y, en su caso, recibir, a través de las instancias competentes, aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas; organizaciones privadas y sociales; organismos internacionales y regionales; gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia;

XVIII. Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en la materia de desarrollo internacional y derechos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con las disposiciones aplicables, y

XIX. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo 6. Las oficinas centrales del instituto tendrán su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Artículo 7. El instituto se integrará con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, las estructuras administrativas que establezca su Estatuto Orgánico y un Consejo Consultivo.

Capítulo Segundo

De la estructura orgánica y funcional del instituto

Artículo 8. El instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I. La Junta de Gobierno;

II. La Presidencia; y

III. La Secretaría Ejecutiva

Artículo 9. En las situaciones de orden legal no previstas en el presente ordenamiento o en los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por el gobierno mexicano en la materia y ratificados por el Senado de la República, en lo que no se opongan a la presente Ley se aplicarán de manera supletoria la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Código Civil Federal, así como los principios generales de derecho.

Artículo 10. La Junta de Gobierno estará integrada por:

1. El o la titular de la Presidencia del instituto;

2. Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la administración pública federal:

a) Gobernación;

b) Relaciones Exteriores;

c) Hacienda y Crédito Público;

d) Desarrollo Social;

e) Educación Pública;

f) Función Pública;

g) Salud;

h) Trabajo y Previsión Social;

i) Procuraduría General de la República;

j) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

k) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

3. Las y los invitados permanentes, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto, que se mencionan a continuación:

a) Dos representantes del Consejo de la Judicatura Federal;

b) Un integrante de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados. Esta misma fórmula se aplicará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

c) Tres integrantes del Consejo Consultivo, quienes durarán en su encargo tres años.

Las y los integrantes de la Junta de Gobierno a que se refiere el numeral 2 de este artículo, podrán ser suplidos por los representantes que al efecto designen, los cuales deben ser de nivel administrativo inmediato inferior al que ocupen las y los titulares. 

Artículo 11. La Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, de acuerdo al tema que se trate en su agenda, podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas federales, estatales o municipales, así como a organizaciones privadas y sociales, no comprendidas en el artículo anterior, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes.

Artículo 12. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:

I. Integrar por consenso y de no alcanzar el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus integrantes, una terna que someterá a la consideración del presidente de la República, a efecto de que designe al o a la titular de la Presidencia del instituto;

II. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto;

III. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del instituto, y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;

IV. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales;

V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el instituto;

VI. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera;

VII. Designar y remover, a propuesta de la Presidencia, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla;

VIII. Designar y remover, a propuesta de la Presidencia, a la Secretaria Técnica y a la Prosecretaria;

IX. Aprobar en términos de ley, el Estatuto Orgánico del instituto, los apéndices administrativos y los manuales de procedimientos que correspondan;

X. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la Presidencia, con la intervención que corresponda al comisario;

XI. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás liberalidades;

XII. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas;

XIII. Expedir la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo, y

XIV. Las demás que le atribuyan esta ley y los demás ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo 13. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que convoque la Presidencia o, cuando menos, una tercera parte de sus integrantes.

La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para sesiones ordinarias, y de un día para las extraordinarias.

La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la Secretaría Técnica con cuarenta y ocho horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y para las extraordinarias, doce horas antes.

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los presentes y la Presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate.

Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, la Secretaría Ejecutiva del instituto; la Secretaría Técnica y la Prosecretaría de la Junta de Gobierno, así como la o el Comisario Público del instituto.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo supuestos de urgencia que se darán a conocer a la Junta de Gobierno con ese carácter.

Capítulo Tercero

Del nombramiento y facultades de la Presidencia

Artículo 14. Para la Presidencia del instituto, se requiere:

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. No haber sido condenado por delito intencional alguno, o inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública;

III. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiere conocimiento y experiencia en materia administrativa;

IV. Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal, en favor de la infancia y la adolescencia, o en actividades relacionadas con la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes y demás materias objeto de esta ley, y

V. No encontrarse en uno o en varios de los impedimentos establecidos en la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 15. La Presidencia del instituto tendrá las siguientes facultades:

I. Formar parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto;

II. Administrar y representar legalmente al instituto;

III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Instituto;

IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;

V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del instituto, así como los apéndices administrativos;

VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo;

VII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del instituto, para someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno;

VIII. Ejercer el presupuesto del instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los proyectos de programas, informes y estados financieros del Instituto y los que específicamente le solicite aquélla;

X. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaría Ejecutiva y los dos primeros niveles de servidores del Instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del instituto;

XI. Suscribir en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores;

XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el instituto y presentar a la Junta de Gobierno, una vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia Junta de Gobierno, escuchando al Comisario Público;

XIV. Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del instituto;

XV. Proporcionar la información que soliciten las o los Comisarios Públicos propietario y suplente;

XVI. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del instituto, para mejorar su desempeño, y

XVII. Las demás que le confiera la presente ley, las derivadas de los acuerdos de la Junta de Gobierno y en otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo 16. El presidente de la República nombrará a la Presidencia, de una terna propuesta por la Junta de Gobierno.

Artículo 17. La Presidencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres años.

Capítulo Cuarto

Del nombramiento y facultades de la Secretaría Ejecutiva del instituto

Artículo 18. La Presidencia del instituto propondrá a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de quien ocupe la Secretaría Ejecutiva, quien debe reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las universidades y demás instituciones de educación superior;

III. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y

IV. Contar con experiencia en materia de derechos de la infancia y la adolescencia a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley.

Artículo 19. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Proponer a la Presidencia del instituto las políticas generales que en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes que habrá de seguir el Instituto ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales, nacionales e internacionales;

II. Someter a la consideración de la Presidencia del instituto, proyectos de informes anuales, así como los especiales que serán presentados a la Junta de Gobierno;

III. Auxiliar a la Presidencia en la administración, organización y operación del instituto, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico, y

IV. Las demás que le confiera el Estatuto Orgánico del instituto.

Capítulo Quinto

Del Consejo Consultivo del instituto

Artículo 20. El instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano auxiliar de carácter honorífico, representativo de la sociedad civil.

Artículo 21. El Consejo Consultivo será un órgano asesor, promotor y de análisis, evaluación y seguimiento de las acciones que se emprendan en beneficio de las niñas, niños y adolescentes en el marco de esta Ley. Estará integrado por un número no menor de diez ni mayor de veinte personas, quienes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán de diferentes sectores de la sociedad, de organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones académicas, quienes serán propuestas a la Junta de Gobierno del instituto por las organizaciones representativas de defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La Junta de Gobierno determinará en el Estatuto Orgánico del instituto la estructura y funciones del Consejo Consultivo, el cual será dirigido por una o un consejero presidente.

Artículo 22. Las y los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo tres años, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato anterior. Al término de su encargo, el Consejo Consultivo presentará un informe anual a la Junta de Gobierno.

Artículo 23. El Consejo Consultivo colaborará con el instituto en los casos siguientes:

I. Fungir como órgano de asesoría y consulta del instituto en lo relativo al programa y en los demás asuntos en materia de desarrollo integral y derechos de la infancia y la adolescencia que sean sometidos a su consideración;

II. Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, en el marco de esta ley;

III. Vigilar el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano a nivel nacional e internacional, relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes;

IV. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones derivados de esta ley;

V. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información desagregados por edad de los distintos sectores de la sociedad;

VI. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones relacionadas con el objeto de esta ley;

VII. Promover vínculos de coordinación con las y los responsables de las iniciativas a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes en las instancias de gobierno, así como con los sectores y organizaciones de la sociedad en general;

VIII. Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno los informes de evaluación en las materias objeto de esta ley;

IX. Proponer a la Junta de Gobierno a las personas que pudieran integrar la terna que se presentará al presidente de la República, a efecto de que nombre al o a la titular de la Presidencia;

X. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones que trabajen a favor de las de los derechos de la infancia y la adolescencia, y

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del instituto.

Capítulo Sexto

De la colaboración de los tres Poderes de la Unión

Artículo 24. El instituto solicitará a las y los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, las y los titulares de los órganos de impartición de justicia federal, así como las y los titulares de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la información pertinente en materia de desarrollo integral y de derechos de la infancia y la adolescencia, así como su colaboración dentro del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del programa.

Capítulo Séptimo

Del cumplimiento del programa

Artículo 25. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, los órganos de impartición de justicia federal, así como las Cámaras del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus atribuciones implantarán políticas, programas y acciones institucionales encaminadas a garantizar el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 26. Como resultado de la evaluación del programa, el instituto podrá emitir opiniones y propuestas dirigidas a los legisladores y servidores públicos a que se refiere el artículo anterior.

Capítulo Octavo

Del patrimonio, presupuesto y control de los recursos del instituto

Artículo 27. El instituto contará con patrimonio propio y se integrará:

I. Con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; los que les sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se adquieran por cualquier título;

II. Con los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos;

III. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere el artículo 5, fracciones XVI y XVII; y

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.

Artículo 28. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contener las partidas y previsiones necesarias para sufragar los gastos derivados de su operación, sin perjuicio de que le sean asignadas partidas adicionales.

Artículo 29. La gestión del instituto estará sometida al régimen del presupuesto anual de la administración pública federal.

Artículo 30. El instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la administración pública federal.

Capítulo Noveno

Del régimen laboral

Artículo 31. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo DécimoÓrganos de vigilancia

Artículo 32. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación. El órgano de vigilancia del instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Capítulo Undécimo

Responsabilidades y sanciones

Artículo 33. El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta ley será sancionado conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor en el ejercicio presupuestal siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobará el presupuesto necesario para la instalación y operación del instituto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Los órganos que integran el instituto deberán constituirse dentro de los sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. La primera sesión de la Junta de Gobierno será presidida por única vez, por el presidente de la República.

Quinto. La Junta de Gobierno aprobará y expedirá el Estatuto Orgánico del instituto en un plazo no mayor de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de su instalación.

Sexto. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

Nota 

1 Adaptación del texto, La niñez como descubrimiento del siglo XX, de Gerardo Sauri incluido en la Propuesta de Ley de Niñas, Niños y Adolescentes. México, 1998, Comité por la Ley. Mimeo. http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_2.htm.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a primero de agosto del año dos mil doce.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena 

(rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Agosto 1 de 2012.)

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