Iniciativas de Ley

Que adiciona la fracción IV bis al artículo 69-e de la ley federal de procedimiento administrativo, recibida de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 25 de julio de 2012

  • Fecha de presentación: miércoles, 25 de julio de 2012
  • Tema: -
  • Legislatura: LXI (2009-2012)
  • Comisión: No turnado a comisión
  • Presentó: Dip. Norma Sánchez Romero
  • Dictamen: Sin dictamen

Que adiciona la fracción IV bis al artículo 69-e de la ley federal de procedimiento administrativo, recibida de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 25 de julio de 2012

Que adiciona la fracción iv bis al artículo 69-e de la ley federal de procedimiento administrativo, recibida de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 25 de julio de 2012 

La que suscribe, Norma Sánchez Romero, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los términos siguientes:

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 

De acuerdo con informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los países que imponen las cargas administrativas más bajas son aquellos que tienen las tasas de productividad más altas, es decir, si el gobierno deja de exigir a empresas y ciudadanos el cumplimiento de una irrazonable cantidad de requisitos y trámites para llevar a cabo sus actividades económicas, estos pueden dedicar mayor tiempo y recursos a realizar dichas actividades productivas, en lugar de invertirlos en resolver complejos y costosos laberintos burocráticos.

Movido por la tendencia internacional por desregular la carga administrativa a ciudadanos y empresas, desde hace varios años nuestro país ha iniciado un decidido proceso de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa. Para el periodo 2011-2012, estableció el compromiso, en conjunto con la Secretaría de Economía, de bajar en 25 por ciento la carga administrativa que se impone a través de los trámites federales a ciudadanos y empresarios.

Para conseguir dicha meta, el 15 de julio de 2011, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que establece el calendario y los lineamientos para la presentación de los Programas de Mejora Regulatoria 2011-2012, así como de los reportes periódicos de avances de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, cuyo artículo octavo señala que “la Cofemer [Comisión Federal de Mejora Regulatoria] realizará una consulta pública a fin de recabar propuestas en materia de mejora regulatoria de los interesados. Las propuestas deberán enviarse a Cofemer en escrito libre o a través de la liga electrónica http://www.cofemer.gob.mx/pmr2011-2012”. Dicha disposición sienta las bases para realizar la consulta pública sobre los planes y programas.

Actualmente, la Cofemer lleva a cabo consultas públicas para el diseño y mejoramiento de regulaciones, proceso que la OCDE reconoce en sus “indicadores de los sistemas de administración Regulatoria”, como una de las fortalezas del entramado institucional de mejora regulatoria en México. Sin embargo, este proceso se lleva a cabo únicamente respecto de las manifestaciones de impacto regulatorio que envían las dependencias o entidades de la administración pública federal.

Lo anterior revela que, hasta que ha sido diseñado el plan o programa de mejora regulatoria en el ámbito federal y generado un proyecto de regulación mejorado, hasta entonces se toma en consideración la opinión del ciudadano o empresario.

En la práctica cotidiana, para la realización de trámites se ha observado que, en muchas ocasiones, las necesidades de desregulación a que se enfrentan empresas y ciudadanos en las ventanillas de atención, no coinciden con lo planteado en los planes y programas de las dependencias y las entidades de la administración pública federal, por lo que se considera fundamental considerar su opinión desde el inicio del proceso de diseño de la mejora regulatoria; es decir, en la elaboración de dichos planes y programas, así como en su ejecución. Dicha participación ciudadana permitirá expresar sus necesidades y expectativas especialmente en términos de reducción de plazos y costos.

Por otro lado, si bien es cierto que el acuerdo que establece el calendario y los lineamientos para la presentación de los Programas de Mejora Regulatoria 2011-2012, así como de los reportes periódicos de avances de las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal considera la figura de la consulta pública, lo hace únicamente respecto del proceso 2011-2012, por lo que a se considera imprescindible elevar dicha práctica al nivel de atribución legal  de la Cofemer en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con los siguientes objetivos:

a) Dar continuidad a la política pública de incluir en los procesos de mejora regulatoria la participación ciudadana mediante consultas públicas;

b) Dotar de permanencia institucional a dicho proceso;

c) Considerar siempre la opinión del ciudadano y las empresas del país respecto de las mejoras que requiere el orden jurídico, especialmente en lo concerniente a la realización de trámites; y

d) Evitar la discrecionalidad de la autoridad respecto del sometimiento a la opinión ciudadana de los planes y programas de dependencias y entidades de la administración pública federal.

Respecto a la normatividad vigente, cabe señalar que el último párrafo del artículo 69-D de dicha ley únicamente establece que “la Comisión Federal de Mejora Regulatoria hará públicos los programas y reportes a que se refiere la fracción II, así como las opiniones que emita al respecto”. Es decir, de acuerdo con la ley, dichos programas y reportes únicamente se hacen públicos, pero no se establece el mecanismo de consulta pública y las opiniones a que hace referencia el citad artículo, se entienden únicamente vertidas por la propia comisión; por otro lado, el artículo 69-E relativo a las atribuciones de la comisión tampoco prevé dicha figura como mecanismo de participación ciudadana en la mejora de los servicios que presta la administración pública federal.

Es importante destacar la relevancia que cobra la participación ciudadana en el tema de la mejora regulatoria, la cual ha sido explorada y demostrada a nivel internacional, e incluso, recogida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, el cuyo apartado relativo a la participación ciudadana establece como estrategia 3.3. “fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promoverlos en las dependencias y entidades de la administración pública federal. Esta estrategia busca impulsar que los ciudadanos participen de forma activa en el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la gestión pública con la finalidad de que estas acciones se traduzcan en medidas correctivas dentro de la función pública, ya sea en la mejora de la administración o en la sanción ante actos de corrupción”.

Algunos estados de la república han adoptado en sus legislaciones, como política pública en materia de mejora regulatoria, la participación ciudadana. Al respecto, me permito citar algunos ejemplos:

La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios establece en el artículo 9:

El Poder Ejecutivo contará con un Consejo de asesoría y consulta en materia de mejora Regulatoria

...

El Consejo estará integrado por representantes que pertenezcan a los sectores social, económico y académico, y por los municipios.

En el artículo 9 Bis, dicha ley establece que el consejo estará integrado por dependencias del Ejecutivo federal, estatal y municipal, así como representantes de congreso local y Poder Judicial y hasta cuatro representantes de los sectores social, económico y académico vinculados con la materia de mejora regulatoria.

La fracción VIII del citado artículo señala una característica especial al incluir la participación en el consejo de un presidente municipal y un representante de los consejos municipales de mejora regulatoria que representen a cada una de las seis regiones en que se divide el municipio.

Es decir, la ley considera la opinión de los consejos municipales del estado, los cuales, a su vez, están constituidos por representantes de la sociedad.

Entre las atribuciones señaladas en el artículo 9 Quáter se incluyen

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas públicas en materia de mejora regulatoria, así como de la operación y funcionamiento de los instrumentos de la ley;

II. Analizar y proponer programas y acciones que incidan en el cumplimiento de la ley;

III. Impulsar la participación ciudadana en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación del programa estatal de mejora regulatoria, así como de los instrumentos de la ley.

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora señala en su artículo 1, fracción II, que es objeto de la ley establecer

II. El procedimiento de revisión, adecuación, mejora y participación ciudadana, en la elaboración y aplicación del marco regulatorio en las dependencias y entidades de la administración pública estatal y en los municipios.

El artículo 18, fracción V, señala que el programa estatal de mejora regulatoria tendrá, entre otros objetivos

Generar espacios de participación ciudadana en el procedimiento de elaboración y evaluación de regulaciones.

Esta regulación establece con claridad la obligatoriedad, por ministerio de ley, de incorporar al ciudadano al ámbito de la toma de decisiones en materia de mejora regulatoria.

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios señala en el artículo 1, fracción VI, que la mejora regulatoria que se desarrolle deberá procurar que la regulación del Estado:

VI. Fomente la transparencia y proceso de consulta pública en la elaboración de la regulación.

El artículo 32 de la citada ley establece: “La comisión estatal y las municipales, en su caso, harán públicos, en su portal de Internet o por otros medios de acceso público

I. Los programas anuales de mejora regulatoria;

II. Las propuestas de creación de disposiciones de carácter general o de reforma específica;

III. Los estudios; y

IV. Los dictámenes que emitan, con las salvedades que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus Municipios.

Lo anterior, con el propósito de que los particulares puedan formular comentarios , sugerencias u observaciones. El reglamento estatal y los municipales, en su caso, establecerán los mecanismos mediante los cuales los particulares podrán hacer efectivo este derecho.

La Ley de Mejora Regulatoria de la Actividad Empresarial del Estado de Hidalgo señala:

Artículo 5. La mejora regulatoria como proceso sistemático y permanente en el Estado de Hidalgo, persigue:

I. La revisión del marco normativo con base en la transparencia, la consulta pública y el análisis cuidadoso de alternativas.

En el caso de Hidalgo, el principio orientador de los objetivos es, en primer término, la transparencia, seguida de la consulta pública. Lo anterior obedece a la exigencia del Estado por promover la democratización en el ejercicio de la administración pública.

En atención de lo expuesto, la suscrita, Norma Sánchez Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Único. Se agregan la fracción IV Bis y un párrafo al artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 69-E. ...

IV Bis. Someter a consulta pública los programa de mejora regulatoria de administración pública federal, a efecto de que los particulares puedan aportar comentarios, sugerencias u observaciones. Esta consulta podrá hacerse previamente a su aprobación y después de su aplicación. 

Para efectos de la consulta pública señalada en esta fracción, la Comisión deberá publicar los programas de mejora regulatoria por un periodo de 15 días y, una vez que el periodo de consulta finalice, tendrá 30 días para procesar la información y evaluar la incorporación de los comentarios. En caso de que la consulta pública se haga de la aplicación del programa se seguirá el mismo procedimiento. 

Transitorio

Único.  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente de Congreso de la Unión, el 25 de julio de 2012.

Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de la Función Pública. Julio 25 de 2012.)

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