Iniciativas de Ley

Que adiciona el artículo 81 de la ley orgánica del poder judicial de la federación, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

  • Fecha de presentación: miércoles, 01 de agosto de 2012
  • Tema: -
  • Legislatura: LXI (2009-2012)
  • Comisión: No turnado a comisión
  • Presentó: Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena
  • Dictamen: Sin dictamen

Que adiciona el artículo 81 de la ley orgánica del poder judicial de la federación, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

Que adiciona el artículo 81 de la ley orgánica del poder judicial de la federación, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012 

La que suscribe, diputada federal Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de lo siguiente

Planteamiento del problema 

La presente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación persigue que, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas y acciones del Poder Judicial, se contribuya a alcanzar el objetivo supremo de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Exposición de Motivos

La teoría de género es una aportación filosófica y política del movimiento feminista que muestra cómo el género moldea y desarrolla nuestra percepción de la vida en general y, en particular, pone en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que se da a las mujeres y a los hombres.

En otras palabras, la noción de género alude a una categoría social basada en la construcción sociocultural e histórica que nace a partir de la diferencia sexual. Ésta permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, contribuye a reconocer las causas que las producen y ha ayudado a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la problemática no en las mujeres o los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión.

Dicha teoría ha dado surgimiento a la denominada perspectiva de género, la cual se ha erigido como un paradigma democrático que permite abordar los problemas sociales de una manera más integral y equitativa, ya que considera las experiencias, necesidades e intereses, tanto de hombres como de mujeres.

En este contexto, la perspectiva de género es un enfoque analítico y metodológico que tiene como fundamento la teoría de género y “responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica y dialéctica, la sexualidad humana, así como sus implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la organización social”. Visualiza a hombres y a mujeres en tanto sujetos históricos, construidos socialmente, producto de una organización social determinada; ofrece una explicación integral de cómo se desarrollan las relaciones de producción y reproducción, al igual que sus implicaciones en las personas de uno y otro sexo.

La aplicación de la perspectiva de género para el análisis de la sociedad y la promoción y respeto de los principios de equidad e igualdad, están estrechamente vinculados con la idea de construir una democracia más integral y progresista.

A este respecto, en el ámbito internacional las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985 y Pekín, 1995), y sus respectivos planes de acción, han marcado objetivos y estándares para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades, a la transversalización de la perspectiva de género. 

Otro instrumento internacional que dispone la transversalización de la perspectiva de género en todos los planes, acciones y programas de los Estados, es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual enuncia, en una forma jurídicamente vinculante, los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, bajo una premisa básica: la “prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”, entendida ésta como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Entre las obligaciones que emanan de esta Convención, se encuentran las establecidas en sus artículos 2 y 3, que disponen:

Artículo 2.

Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) a b)...

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g) ...”

Artículo 3 

Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Cabe hacer mención que los compromisos adquiridos internacionalmente, no sólo vinculan al gobierno federal, obligan también a los Poderes Legislativo y Judicial en los tres niveles de gobierno, es decir, los tres Poderes de la federación, estados y municipios deben observar estas disposiciones.

Lamentablemente, aún cuando nuestro país forma Parte de la CEDAW y ha participado y sido sede de las Conferencias antes citadas, aún enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los planes de acción derivados de las Conferencias, que permitan el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

Particularmente, en el caso del Poder Judicial de la Federación, existe una gran preocupación tanto nacional como internacionalmente, porque a pesar de los esfuerzos que éste ha realizado, aparentemente no se ha logrado reflejar la aplicación de esta perspectiva en su actuar tanto en el ámbito institucional que incluye por ejemplo la carrera judicial, la capacitación a funcionarios judiciales, etc., como en el ejercicio de sus atribuciones.

Así lo observó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, con motivo del análisis del sexto Informe Periódico de México, quien emitió sus observaciones finales, entre las que destacan: 

9. ...

Recomienda que el Estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las recomendaciones generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.

Asimismo, el Consejo de Derechos de Naciones Unidas aprobó en su 17º Periodo de Sesiones el informe rendido por la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados, en el cual señala y recomienda:

78. Los esfuerzos realizados por las instituciones judiciales para incorporar una perspectiva de género en sus labores aún no han resultado en una efectiva implementación de la misma en toda la actividad jurisdiccional ya que los estereotipos de género persisten.

79. La relatora especial insta a las autoridades judiciales y de procuración de justicia a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso pleno de las mujeres a la justicia, en particular asegurando que la violencia en contra de las mujeres sea efectivamente investigada y sancionada; así como a incorporar una perspectiva de género en todas las actividades del sistema judicial. 

d) Deberían considerarse medidas especiales temporales para garantizar una presencia equitativa entre hombres y mujeres en los poderes judiciales, suficiente formación y concientización encaminada a entender la finalidad y motivación de estas medidas especiales entre todo el personal judicial y asegurar el ingreso y ascenso de las mujeres en la carrera judicial;

g) Se debería establecer plenamente una carrera judicial tanto a nivel Federal como estatal, con base en criterios objetivos de admisión, ascenso y remoción, que abarque todo el personal judicial. En todo el país la selección de los funcionarios judiciales debe realizarse a través de concursos abiertos de oposición que permitan reclutar a las y los mejores profesionales mediante criterios objetivos y transparentes, que incluyan una perspectiva de género;

ii) Las autoridades judiciales y de procuración de justicia deberían adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso pleno de las mujeres a la justicia, en particular asegurando que la violencia en contra de las mujeres sea efectivamente investigada y sancionada, así como a incorporar una perspectiva de género en todas las actividades del sistema judicial.

En este contexto, consideramos indispensable incorporar como una de las obligaciones del Consejo de la Judicatura Federal la transversalización de la perspectiva de género en cada una de sus facultades y atribuciones. De igual forma, es necesario que éste vele porque los órganos judiciales que de acuerdo con el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, están bajo su cargo, también lleven a cabo esta transversalización.

Estos cambios legislativos traerán como consecuencia por ejemplo, una mayor participación de las mujeres en los puestos de decisión del Poder Judicial toda vez que la actualización y especialización que actualmente son dictados mayoritariamente por las tardes o noches, se harían en horarios más cómodos para las funcionarias que son madres, además al incorporar la perspectiva de género en todos los programas, los cambios de adscripción dejarían de constituir un limitante para las mujeres al adquirir una nueva responsabilidad como juez o magistrada, entre muchos otros beneficios tanto para las mujeres que forman parte del Poder Judicial de la Federación como para aquellas a las que se les imparte justicia.

En conclusión, la presente iniciativa pretende que a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas y acciones del Poder Judicial se contribuya a alcanzar el objetivo supremo de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, conforme a los principios de no discriminación y de igualdad, así como de aquellos que garanticen la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En relación con lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 81. ...

I. a XLII. ...

El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a primero de agosto de dos mil doce.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena 

(rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Agosto 1 de 2012.)

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