Iniciativas de Ley

Que adiciona el artículo 466 bis de la ley general de salud, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

  • Fecha de presentación: miércoles, 01 de agosto de 2012
  • Tema: -
  • Legislatura: LXI (2009-2012)
  • Comisión: No turnado a comisión
  • Presentó: Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena
  • Dictamen: Sin dictamen

Que adiciona el artículo 466 bis de la ley general de salud, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012

Que adiciona el artículo 466 bis de la ley general de salud, recibida de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la comisión permanente del miércoles 1 de agosto de 2012 

La que suscribe, diputada federal Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 466 Bis a la Ley General de Salud, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema 

La salud sexual y reproductiva es uno de los derechos fundamentales de las y los individuos, así ha sido reconocido tanto a nivel internacional como nacional, en el que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4 dispone: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; sin embargo aún prevalecen prácticas que atentan contra este principio principalmente en contra de las mujeres, efectuando la esterilización sin su conocimiento ni consentimiento, como suele darse principalmente en poblaciones sumamente marginadas.

Exposición de Motivos

Los derechos reproductivos se refieren al ejercicio de la facultad reproductiva y se basan en el derecho básico fundamental de todas las personas para decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos comparten una característica: ambos fijan la atención en las personas y en sus cuerpos, hacen referencia a los derechos del cuerpo en la sexualidad y la reproducción. 

Estos derechos surgen por primera vez en el ámbito internacional en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968, que dio lugar a la Proclamación de Teherán, en la que se reconoce el derecho humano de los padres en determinar el número de hijos que deseen tener: “La comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el niño. Los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos”.

Posteriormente en la Conferencia Mundial de Población en Bucarest, que se llevó a cabo en 1974, se otorgó el derecho a todas las parejas y todos los individuos en determinar el número de hijos que deseen tener, y no limitarlo únicamente a los “padres”, como anteriormente se había realizado en la Proclamación de Teherán en 1968.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Asamblea General de la ONU en 1979, es el primer documento que reconoce explícitamente los derechos humanos relativos a los servicios de planificación familiar, nutrición durante el embarazo, e información y educación para el poder decidir el número y espaciamiento de sus hijos. El artículo 16 de este instrumento internacional señala que los Estados parte se comprometen a asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, “los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.

En la Conferencia Mundial para el Avance de la Mujer realizada en Kenia en 1985, se crearon las Estrategias de Nairobi, aprobadas por la Asamblea de Naciones Unidas en 1985. En las mismas, ya se habla dentro del tema de salud, sobre el “derecho humano básico de todas las parejas y las personas de decidir libre e informadamente el número y espaciamiento de sus hijos.”.

En estas estrategias se reconoce que “la capacidad de la mujer de controlar su propia fertilidad constituye una base importante para el goce de otros derechos” y se establece que los gobiernos deben “como una cuestión urgente: poner a disposición la información, la educación y los medios para que mujeres y varones puedan tomar decisiones sobre su número de hijos deseados”.

Por su parte el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas llevada a cabo en El Cairo en 1994, se estableció que “la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausenta de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia (lo que) lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y para la planificación de la familia de su elección...” (Párrafo 7.2)

Este programa dispone también que “los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.” (Párrafo 7.3.)

Asimismo, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, dispone que “Los derechos de las mujeres abarcan el derecho a tener control y a decidir de manera libre y responsable sobre su sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia”. (Párrafo 96), así como que “El derecho de las mujeres a disfrutar del estándar más alto de salud debe asegurarse durante el ciclo entero de su vida en igualdad con los hombres.... La buena salud es esencial para llevar una vida productiva y satisfactoria de toda mujer a controlar todos los aspectos de su salud... es primordial para su empoderamiento”. (Párrafo 92).

Cabe hacer mención que en las dos conferencias internacionales, citadas en último término, específicamente en la del Cairo y de Beijing, los gobiernos del mundo se comprometieron a promover el potencial humano, erradicar la pobreza y asegurar el desarrollo para todos, para cuyo efecto signaron diversos compromisos relacionados con las diferentes funciones de los Estados. En relación con la función legislativa adquirieron, entre otros, los siguientes compromisos, mismos que fueron reafirmados y complementados con los nuevos compromisos asumidos durante el proceso de revisión Cairo + 5:

• Eliminar toda forma de coerción en programas de planificación familiar, incluyendo los sistemas de incentivos o las metas demográficas impuestas por los gobiernos a los proveedores de planificación familiar;

• Promulgar y garantizar el cumplimiento de las leyes que sancionan a los que llevan a cabo prácticas y actos de violencia en contra de las mujeres y niñas;

• Prohibir y penalizar la esterilización forzada, el aborto forzado, el uso forzado de anticonceptivos, la prostitución forzada y ciertas prácticas tradicionales y consuetudinarias provenientes de patrones culturales y extremistas, como formas de violencia en contra de las mujeres y las niñas; y

• Promover y defender la completa implementación de los compromisos de El Cairo y Beijing respecto a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos con el fin de cumplir la meta de acceso universal para el año 2015.

Como ha quedado expuesto, la salud sexual y reproductiva es uno de los derechos fundamentales de las y los individuos, así ha sido reconocido tanto a nivel internacional como nacional, en el que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4 dispone: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, como en diversos ordenamientos se tutela a los derechos reproductivos.

De lo anterior se desprende que toda acción que esté encaminada a menoscabar, limitar o violentar el ejercicio de estos derechos, es considerada como violencia sexual.

A este respecto la Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

De acuerdo con esta organización internacional la violencia sexual se manifiesta de diversas formas, entre ellas: violación, acoso sexual, trata de personas, incesto, sexo transaccional, matrimonio forzado, esterilización forzada, aborto forzado y embarazo forzado. La violencia sexual es tanto una causa como una consecuencia de la desigualdad entre sexos y de la discriminación basada en género.

En este sentido, tenemos como ejemplo, que bajo el derecho internacional humanitario, el Estatuto de la Corte Penal Internacional(Estatuto de Roma), aprobado en 1998, define y codifica por primera vez en el derecho internacional penal, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual como crímenes contra la humanidad y como crímenes de guerra, al mismo nivel de los crímenes internacionales más atroces, constitutivos en muchos casos de tortura y genocidio. Además, reconoce por primera vez que las violaciones a la autodeterminación reproductiva de las mujeres -tanto el embarazo forzado como la esterilización forzada- constituyen crímenes muy graves de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

En algunos países, con el pretexto de promover el control poblacional, se practica la esterilización forzada. En México ésta se lleva a cabo principalmente en grupos vulnerables, como en los indígenas. Así lo reconoce el Comité contra la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que México conduce cirugías de esterilización forzada principalmente en indígenas. Dicho comité está integrado por 18 expertos independientes que vigilan el cumplimiento de la convención internacional en la materia. Asimismo, la ONU recomendó a nuestro país tomar medidas para erradicar los prejuicios raciales que conducen a la discriminación, un fenómeno denigrante que afecta a todos los grupos indígenas del país, compuesta por 12 millones de personas.

Es innegable el problema del crecimiento poblacional, pero también es innegable de que el problema radica en la inequidad que prevalece y que hace que los grupos vulnerables sufran de más abusos. El practicar la esterilización forzada a indígenas, que forman parte de uno de los grupos victimarios de la desigualdad, es sin duda un atentado que cuestiona el valor humano y moral de los que implementan este tipo de políticas.

Cabe señalar que por esterilización forzada se entiende el realizar o causar intencionalmente a las personas, sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la misma haya tenido justificación un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de su capacidad biológica y reproductiva.

En este sentido, la Ley General de Salud dispone en el tercer párrafo de su artículo 67: “Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran.”

Por otra parte se advierte, que en el artículo 149 Bis del Código Penal Federal se tipifica el delito de genocidio y dentro de éste se sanciona el hecho de imponer la esterilización masiva para impedir la reproducción de un grupo nacional o de carácter étnico, racial o religioso.

No obstante lo anterior, es importante destacar que la esterilización forzada dirigida a una o un individuo en particular no se encuentra penalizada, a mayor abundamiento, si una persona somete a otra a un procedimiento médico o quirúrgico que impida su capacidad reproductiva, sin su consentimiento, actualmente no es penalizada, a pesar del grave flagelo, la flagrante violación a los derechos humanos y las importantes consecuencias de esta conducta, cualquiera puede practicar la esterilización forzada a una persona sin más sanción que aquella administrativa que dispone la Ley General de Salud.

Esto nos parece inaceptable, es por eso que proponemos incluir en el capítulo relativo a “Delitos” de la Ley General de Salud un tipo penal que castigue con prisión a quienes practiquen la conducta antes descrita. Consideramos que esta propuesta es viable toda vez que es posible que la esterilización forzada sea practicada injustificadamente por algún servidor público federal (médicos, auxiliares, enfermeras, etc.) en ejercicio de sus funciones al prestar sus servicios en el Sector Salud Federal o Paraestatal (Seguro popular, IMSS, ISSSTE), afectando de esta manera el funcionamiento de los servicios que presta la Federación.

En relación a lo anterior, someto la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que adiciona el artículo 466 Bis a la Ley General de Salud 

Único. Se adiciona un artículo 466 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 466 Bis. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que sin consentimiento expreso de una persona o, aún con su consentimiento si ésta fuere menor o incapaz y sin razón médica o quirúrgica debidamente comprobada que lo justifique, realice en ella procedimientos con el fin de impedir su reproducción, se le aplicará prisión de cinco a ocho años.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a primero de agosto de dos mil doce.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena 

(rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Salud. Agosto 1 de 2012.)

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