Iniciativas de Ley

Ley de Garantías del Trabajador en el Sindicato. La ley propone reglamentar los derechos del Trabajador y sus libertades frente a posibles abusos de los sindicatos, garantiza la participación de los trabajadores en los órganos y en las decisiones de los sindicatos y reglamentar la aplicación de la cláusula de exclusión.

  • Fecha de presentación: martes, 06 de noviembre de 1951
  • Tema: Trabajo
  • Legislatura: XLI (1949-1952)
  • Comisión: Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales
  • Presentó: Dip. Gonzalo Chapela
  • Dictamen:

Ley de Garantías del Trabajador en el Sindicato. La ley propone reglamentar los derechos del Trabajador y sus libertades frente a posibles abusos de los sindicatos, garantiza la participación de los trabajadores en los órganos y en las decisiones de los sindicatos y reglamentar la aplicación de la cláusula de exclusión.

06-Noviembre-1951

Ley de Garantías de Trabajador en el Sindicato

Dip. Gonzalo Chapela

H. Cámara de Diputados:

La organización de los trabajadores constituye en nuestro tiempo de las fuerzas más importantes en la sociedad y uno de los factores de más grande trascendencia en la lucha para obtener una ordenación justa, libre y suficiente de la vida colectiva.

Esa organización se ha incorporado al Derecho Público y es de tal modo importante para la convivencia, que su actividad y su funcionamiento siempre en un cuadro garantizado de libertad, han de responder a las normas esenciales de autenticidad, de justicia, de bien común que exige el más alto interés público.

Igualmente, por lo que hace a los trabajadores mismos, a su bienestar, a su libertad, a su dignidad como trabajadores y como hombres, la actividad y el funcionamiento de las organizaciones de trabajo deben ser maciza y firmemente garantizados contra la desviación, la opresión o la injusticia.

Como ocurre frecuentemente con estas grandes fuerzas sociales, y de un modo especial en los períodos formativos de un nuevo Derecho, las organizaciones de trabajo han padecido deformaciones internas y desviaciones graves en su actividad, con lamentable perjuicio para el más alto interés social y para los derechos y los intereses de los propios trabajadores.

En lo interno, las necesidades y las circunstancias mismas de la lucha, a la vez que promueven empeños legítimos e indispensables de disciplina y cohesión entre los agremiados y de formación especializada de lideres y directores, dan ocasión para que a titulo de disciplina y de unidad, se vulneren los derechos y libertades esenciales de los trabajadores y se hagan aplicaciones intolerablemente injustas de las sanciones sindicales, y para que se defrauden los principios básicos de la estructuración representativa y democrática dentro de la propia asociación profesional.

No es necesario relatar aquí los numerosísimos ejemplos que desgraciadamente comprueban esta afirmación en nuestro país. La opinión pública, los trabajadores, las autoridades del trabajo, conocen sobradamente los errores, los excesos, los abusos que retardando la evolución sindical y dando muchas veces carácter antisocial a su labor, han causado a la vez intolerables injusticias contra los trabajadores mismos, violentas pugnas intergremiales, dilapidación de los fondos y recursos de los sindicatos y aprovechamientos ilícitos aun de los propios conflictos individuales o colectivos de trabajo. El anecdotario es dolorosamente conocido. Y sus frutos de desunión, de pérdida de fuerza moral y social para la organización, y de angustía, indefensión, daños morales y materiales concretos para los trabajadores son igualmente bien sabidos.

Desde el punto de vista social, también las exigencias mismas de la lucha han dado lugar a que intereses ajenos se inserten en la estructura y en el funcionamiento de las asociaciones profesionales para desviarlas de sus fines propios y emplear su fuerza en propósitos facciosos, normalmente contrarios al bien común y aun a los principios, a las exigencias y a la conveniencia de los mismos sindicatos y los trabajadores.

Los ejemplos que comprueban también en este caso el proceso de derogación antes señalado, son por desgracia numerosísimos. No obstante la indiscutible posición doctrinal, a pesar de la obvia conveniencia general y particular del sindicato y los trabajadores, y contra la manifiesta e indudable voluntad de éstos, la organización profesional ha sido arrastrada a campos que le son ajenos, entregada a intereses y apetitos políticos parciales y adversos al bien común, supeditada a ellos y por ellos traicionada constantemente.

Los políticos interesados en aprovechar para esos fines personales o de facción la fuerza de la organización de trabajadores, han hecho todo lo posible para destruir la estructura auténtica del sindicato, para adueñarse por los medios peores, de los puestos clave en la dirección sindical, para anular la libertad interior en la organización, para desfigurar el espíritu de la disciplina y el propósito de las sanciones sindicales, para introducir la irresponsabilidad o para lograr la corrupción abierta de los funcionarios del sindicato, y aun para emplear los medios de lucha obrera en fines políticos, silenciando y reprimiendo a veces las más justas exigencias de los trabajadores, o a veces, por el contrario, promoviendo conflictos sin justificación y sin oportunidad. Todo ello con daño grave para la sociedad entera, con merme del prestigio y la fuerza del sindicato, con insoportable violación de la dignidad personal de los trabajadores como hombres y como ciudadanos de su derecho y su más patente y legitimo interés.

Si estas desorientaciones, si estos errores o abusos han motivado retraso en la evolución social, económica y política de México; si han debilitado la vida sindical y han alzado inmensos obstáculos para su desarrollo: si han sido fuente de angustia y de miseria para los trabajadores mismos, también han sido experiencia formativa, motivo de pensamiento y de creación de una conciencia social, cívica y sindical, cada vez más firme y más clara; raíz de un anhelo que es ya inaplazable exigencia de los trabajadores mismos, de la ciudadanía, de la nación entera, para que se limpie y depure en su estructura y en sus funcionamiento la organización del trabajo, para que se garanticen en ella su finalidad y su alcance propios y los principios en que deben apoyarse su existencia y su labor, para que se cierren los caminos de la traición de la falsificación, de la irresponsabilidad; para que, en suma, se recoja en Derecho el fruto del esfuerzo, de la experiencia, y se creen los firmes cauces jurídicos que aseguren el cumplimiento del ideal de un sindicato al servicio de los trabajadores y del bien común, disciplinado en la libertad, unido por la autenticidad de la representación, protegido contra apetitos interiores y contra el proceso de degradación que desde fuera se le quiera imponer esclavizándolo en el servicio de fuerzas e intereses ajenos, cuando no radicalmente adversos a su bien y al bien público.

Es menester este anhelo y esta exigencia. El Derecho debe y puede darles cumplimiento. La legislación del Trabajo en vigor no es bastante para lograr este fin, y ya no hay las razones que hace años se invocaron, con cierta justificación aparente entonces para impedir el establecimiento de normas básicas protectoras del derecho del trabajador en el sindicato, del sindicato mismo frente a extraños y, en consecuencia, de toda la sociedad frente a las fuerzas o intereses empeñados en hacer que las instituciones básicas de la convivencia, existan y laboren para amargar, oprimir, violentar o empeorar, en vez de alegrar, iluminar y en todos sentidos mejorar esa convivencia.

Por estos motivos, sabiendo que recogemos solamente una demanda constante de los trabajadores, de los luchadores más generosos limpios y encendidos de la organización profesional y de la opinión pública, formulamos la presente sindicativa de Ley de Garantías de Trabajador en el Sindicato.

Comprende esta iniciativa cinco capítulos referentes a los derechos personales del trabajador, a las garantías de organización y funcionamiento sindicales, a los conflictos intergremiales y en el seno mismo del sindicato, a la cláusula de exclusión y a las responsabilidades y sanciones. No pretende ser un proyecto exhaustivo que, por otra parte, además de imposible sería inconveniente porque no deben salvarse las etapas en el proceso formativo del derecho sindical. Recogen simplemente estos cinco capítulos, los puntos que la experiencia ha demostrado como más esenciales e importantes para la vida del sindicato y en el sindicato. Aquellos en los que manifiestamente se han presentado los abusos más crueles y las desviaciones más inconvenientes.

Así, en el capítulo primero, lo que un día llegará a ser una completa declaración de Derecho, se limita a establecer o a reconocer como ya establecidos los derechos que ya están consagrados en la Constitución o en leyes secundarias, pero que han sido sistemáticamente negados en la práctica, aquellos que con más cruda injusticia han sido violentados.

Así, por ejemplo, el derecho a exigir que el sindicato cumpla su misión y, para poder hacerlo, se mantenga fielmente dentro de sus fines. Así, también el derecho a impedir que el sindicato pretenda conculcar las libertades esenciales de pensamiento, de convicción del trabajador como hombre, como jefe de familia o como ciudadano. Así, el derecho a impedir el abuso en la aplicación de las sanciones necesarias para la disciplina y para la unión sindicales,

Son indudables esos derechos; pero tantas veces han sido violadas especiosamente o por la violencia y aun, en algunos casos, abierta y cínicamente negados, que por ello es menester expresarlos de nuevo, de nuevo hacerlos objeto de normas y de garantías jurídicas. En la misma forma, frente al Estado, los derechos y libertades esenciales a la persona humana aún siendo válidos e indudables por ellos mismos, han debido ser recogidos por la norma jurídica y declarados en la ley y debidamente amparados y protegidos por el Derecho Público positivo. Más aún: tanto en relación con los derechos del hombre frente al Estado, como en relación con los derechos específicos del trabajador, en la organización jurídica internacional con participación de México, se ha venido haciendo un esfuerzo para lograr el enunciado jurídico obligatorio de tales derechos.

En la misma forma, el capítulo segundo reitera las normas de estructuración interna del sindicato que la mejor experiencia ha ido elaborando y pone énfasis peculiar en aquellas que significan una especial garantía de rectitud democrática de libertad y de responsabilidad en el funcionamiento sindical.

Así, declara explícitamente el principio de la participación de todos los trabajadores en la designación de los órganos de la asociación profesional, en la disposición de los bienes, en la revisión de las cuentas y en la exigencia de las responsabilidades de los funcionarios que incurran en ellas; define la supremacía de los órganos principales como la asamblea y las arreglas mínimas procesales para su actuación garantizada; precisa las obligaciones de redención de cuentas y establece el procedimiento correspondiente para el caso en que el sindicato esté organizado en secciones y para los casos de federaciones o confederaciones; deja abierta, por último, la posibilidad de respeto a la autonomía interna para los trabajadores de una empresa, miembros de un sindicato industrial, asegurando simultáneamente la unidad de dicho sindicato.

Los conflictos intergremiales tienen características y consecuencias especialmente graves para la vida y el desenvolvimiento de la asociación profesional, para los trabajadores mismos y para la economía de la República. "Ciertamente, en nuestra historia social esos conflictos han sido la causa más frecuente y más enconada de perturbaciones sindicales y la que de modo más directo y más profundo ha establecido desunión y ha dado lugar a la aplicación más odiosa e injustificada de sanciones.

Por ello, el capítulo tercero de la iniciativa puntualiza el procedimiento jurídico de la resolución de estos conflictos, garantizando la facultad de decisión conforme al principio mayoritario; pero haciendo expedito el trámite y asegurando la autenticidad de la decisión.

El capítulo cuarto de la iniciativa hace una estructuración en Derecho, del asunto tal vez más trascendental para el trabajador mismo y, por lo tanto, para la cohesión y el vigor de la organización sindical y para el bienestar social. Es el asunto de la cláusula de exclusión, no considerado en que los aspectos que han dado lugar a discusiones sobre la juridicidad misma y la conveniencia de esa cláusula, sino en los de su aplicación que ha sido fuente constante más que de deliberaciones doctrinales y abstractas, de tremendos daños concretos para los trabajadores y de angustia social.

La cláusula de exclusión, de separación, otorga al sindicato, en efecto el poder más grave y trascendental que puede darse sobre un trabajador; el de privarlo de su trabajo, es decir, del único medio con que cuenta para su subsistencia y la de los suyos.

Y tan trascendental y gravísima sanción no puede, sin agravio insoportable para la conciencia social, dejarse fuera del Derecho, sin una normación precisa que rodee de las garantías esenciales su aplicación, que proteja con esas garantías y con los recursos adecuados el derecho del trabajador y la vida misma del sindicato que sufre lesión irreperable cuando en su nombre se comete una cruel arbitrariedad.

El proyecto contiene, por lo tanto, en los artículos 38 a 50, normas procesales que, sin interferir en cuanto al fondo en la decisión sobre la aplicación de la cláusula por el principio mayoritario, asegura la garantía de audiencia, exigen la presentación de pruebas, garantizan la autenticidad de la asamblea de las decisiones que impongan la sanción, establecen la responsabilidad del sindicato y preparan la revisión jurisdiccional por las autoridades competentes.

El propio capítulo regula, además, el procedimiento para los casos en que el sindicato esté integrado por secciones.

El fortalecimiento de la organización profesional por la afirmación del sentido de solidaridad y de la responsabilidad de sus miembros y funcionarios, y por la actuación genuina y eficaz de éstos en favor de los trabajadores, así como por la dedicación del sindicato a sus fines propios, sin desviación incongruente y dañina, hará que sanciones sindicales como esta de la exclusión, tengan cada vez un carácter más excepcional; pero mientras subsista la cláusula de exclusión, incorporada realmente en el Derecho consuetudinario obrero, precisa indispensablemente hacer que su aplicación se ajuste a preceptos y garantías como lo propone el proyecto.

Un régimen jurídico que constituye el derecho público propio de una organización social esencialmente democrática por su propia naturaleza, es incompleto mientras no se instituyan en él la responsabilidad de los funcionarios representativos y las vías procesales adecuadas para exigir esa responsabilidad con eficacia y con justicia.

En este punto, también, la costumbre sindical ha creado principios que están suficiente y sólidamente establecidos en la conciencia de los trabajadores y en la conciencia pública y encuentran apoyo bastante en el Derecho vigente, aun cuando éste no los declare explícitamente ni establezca el procedimiento adecuado de aplicación.

Por ello, la iniciativa que presentamos, en su capítulo quinto y final, toma esos principios de la doctrina y de la costumbre y encausa su aplicación con las debidas garantías de justicia y eficacia.

La iniciativa de ley que proponemos, precisa repetirlo, es simplemente la expresión jurídica de un anhelo fundamental y justísimo de los trabajadores y de la nación; es un paso más en la formación expresa del Derecho obrero que reviste ya, con el carácter y las consecuencias de la norma jurídica, los postulados consuetudinarios, la intervención y la doctrina mejores, y da el valor superior de la ley, su amparo y su garantía, a la mejor orientación en el esfuerzo de hacer del sindicato, de la organización de los trabajadores, una fuerza dedicada auténticamente al servicio de éstos, a procurar su bienestar y su mejoramiento verdaderos, a fomentar y a amparar sus libertades esenciales, su dignidad y su derecho como trabajadores, como ciudadanos y como hombres.

Así se asegura jurídicamente la consagración de la organización de trabajo al servicio del bien común y se fortalece la genuina libertad sindical contra las conspiraciones o los ataques que dentro o fuera del sindicato pretendan hacerle perder sus posibilidades más valiosas en el logro de una convivencia en la justicia, en la suficiencia y en la libertad.

Por estas consideraciones y con fundamento en lo que dispone la fracción II del artículo 71 y la X del artículo 73 de la Constitución, presentamos a la consideración de esa H. Asamblea la siguiente iniciativa de Ley de Garantías del Trabajador en el Sindicato.

Capítulo primero.

De los derechos personales.

Artículo 1o. Los trabajadores tendrán en el sindicato los derechos y garantías que establece esta ley.

Los estatutos de las organizaciones sindicales deben reconocer en forma expresa estos derechos y garantías, cualquier disposición en contrario, se tendrá por no puesta y no surtirá efectos.

Las organizaciones sindicales estarán obligadas a proceder de modo que estos derechos y garantías tengan eficacia práctica.

Artículo 2o. Ninguna organización sindical podrá afiliarse a un organismo internacional que no reconozca y respete los derechos y garantías que este capítulo establece.

Artículo 3o. Es deber del sindicato defender los derechos y el interés profesionales de sus agremiados y promover el mejoramiento de su capacidad técnica y su bienestar moral y material. Toda actividad sindical debe limitarse a estos fines.

El sindicato no podrá exigir a sus agremiados colaboración para propósitos diversos de los que previene el párrafo anterior.

Se prohibe el uso de bienes y fondos del sindicato para fines no sindicales.

Artículo 4o. Queda prohibido a los sindicatos intervenir en asuntos religiosos y en política electoral.

Artículo 5o. El trabajador tiene derecho a gozar de las prerrogativas y ventajas sindicales, independientemente del credo religioso o político que profese.

Se prohibe al sindicato imponer sanciones económicas o cualquiera otras que impliquen restricción, suspensión o pérdida de derechos sindicales o de trabajo:

I. Porque el trabajador asista o se niegue a asistir a cursos, escuelas o actos Públicos o privados de carácter confesional o de propaganda política;

II. Porque el trabajador exprese o se niegue a expresar oralmente, por escrito o en cualquier otra forma, ideas religiosas o políticas.,

III. Porque el trabajador se niegue a hacer propaganda política o religiosa, o porque la haga fuera del local y las horas de trabajo o fuera del local sindical;

IV. Porque el trabajador se afilie o se niegue a afiliarse a agrupaciones religiosas o políticas, y

V. Porque la esposa, los hijos o dependencias del trabajador hagan o se nieguen a hacer alguno de los actos que mencionan las fracciones anteriores.

Artículo 6o. Los trabajadores sindicalizados tienen derecho a expresar libremente su opinión sobre los asuntos sindicales. En ningún caso podrá ser motivo de sanción la expresión de opiniones o críticas sobre estos asuntos, dentro de las asambleas u otros órganos sindicales, ni en las publicaciones sindicales.

Artículo 7o. La asociación de los trabajadores sindicalizados para fines no sindicales, y su aportación económica para esos fines, serán voluntarias.

El sindicato no podrá gestionar ni impedir la asociación de sus miembros para fines no sindicales.

Los fondos o bienes aportados por los trabajadores para fines diversos de los sindicales y el manejo de los mismos, no podrá en ningún caso confundirse con los del sindicato, ni con la administración de éstos. Los funcionarios sindicales no podrán administrar los fondos indicados.

Artículo 8o. También será voluntaria la afiliación a las cooperativas, cajas de ahorros, sociedades mutualistas y demás asociaciones análogas que promueva u organice el sindicato.

El sindicato no podrá impedir la formación ni el funcionamiento de las organizaciones de esta clase que promuevan los trabajadores.

El manejo de fondos de las organizaciones mencionadas, se regirá por lo dispuesto en el párrafo final del artículo anterior.

Artículo 9o. La aplicación de toda sanción sindical se sujetará a las siguientes reglas:

I. Será precedida por una investigación en que se emplace personalmente y se oiga al afectado y se le de posibilidad práctica de defenderse y de presentar pruebas.

Los estatutos establecerán comisiones de instrucción de carácter permanente, ante las que se seguirá con audiencia del acusado, el procedimiento respectivo;

II. El órgano sindical competente para aplicar la sanción conforme a los estatutos, la comunicará por escrito al afectado, haciendo constar el motivo de la misma, la comprobación que haya tenido y el fundamento estatutario de su resolución;

III. Las sanciones no impuestas por la asamblea serán recurribles ante ésta. Sólo podrán exceptuarse de esta regla las sanciones económicas que no excedan del importe de dos días de salario por una vez, o del de siete días de salario en un mes;

IV. Caducarán las sanciones que no se impongan dentro de los dos meses siguientes al hecho motivo de la responsabilidad, salvo que se trate de actos delictuosos. Si el sindicato se integra por secciones, el plazo para imponer la sanción, será de tres meses;

V. No se podrá seguir proceso más de una vez a una misma persona, derivado de los mismos hechos;

VI. No se podrán imponer sanciones sindicales por causa de adeudos que el trabajador contraiga con el sindicato, salvo que procedan de actos delictuosos;

VII. Ninguna, sanción podrá imponerse en forma colectiva. En todo caso deberán determinarse individualmente los responsables de los hechos por sancionar y la sanción que corresponda se aplicará a cada uno de ellos de acuerdo con la falta cometida, y

VIII. El afectado por una sanción sindical tendrá derecho a impugnarla en los términos del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 10. A ninguna disposición sindical podrá darse efecto retroactivo en perjuicio de un trabajador.

Artículo 11. Ningún pacto intersindical podrá ser secreto.

Artículo 12. Los trabajadores que presten sus servicios a una organización sindical, gozarán frente a ésta de derechos y prerrogativas que en ningún caso podrán ser inferiores a los que los miembros de dicha organización tengan frente a sus patronos.

Artículo 13. Serán aplicables a las federaciones y confederaciones de sindicatos los preceptos de este capítulo, así como los artículos 14, 15, 16 17, 21, 22, 34, 35, 36, 51, 52, 53 y 54.

Capítulo segundo.

De las garantías de organización y funcionamiento sindicales.

Artículo 14. Los miembros de un sindicato tienen derecho a participar en los términos de esta ley, en la designación de los órganos del mismo, en su Gobierno, en la disposición de sus bienes y en la revisión de cuentas, y para exigir responsabilidades a los funcionarios que incurren en ellas.

Artículo 15. Para ser funcionario sindical se requiere ser trabajador con una antigüedad mínima de tres años en alguna de las ramas industriales que agrupe el sindicato. Cuando se trate de sindicato de empresa, los funcionarios sindicales deberán, además, ser trabajadores de ésta.

Artículo 16. La designación de funcionarios sindicales deberá hacerse por elección universal y directa, salvo en los casos de federaciones o confederaciones y en los de órganos centrales de sindicatos que se integren por secciones, casos en los que la votación podrá ser indirecta.

Artículo 17. El órgano supremo del sindicato será la asamblea general.

Artículo 18. Corresponderá a la asamblea general, con exclusión de cualquier otro órgano:

I. La aprobación y modificación de estatutos;

II. La fijación y modificación de cuotas ordinarias y extraordinarias;

III. La resolución sobre actos de disposición de bienes y fondos sindicales;

IV. La decisión sobre las cuentas que rindan los funcionarios encargados del manejo de bienes;

V. La resolución sobre responsabilidades de funcionarios sindicales;

VI. La declaración de huelga;

VII. La aplicación de la cláusula de exclusión;

VIII. La adhesión o separación a federaciones o confederaciones sindicales y la celebración de pactos con éstas u otros sindicatos, y

IX. La resolución sobre otros asuntos de trascendencia para la vida del sindicato que establezcan los estatutos o la ley.

Artículo 19. Para la resolución de los asuntos que señala el artículo anterior, será necesaria mayoría de las dos terceras partes de los votos computables en la asamblea, salvo en el caso de huelga, que deberá ser declarada por la mayoría de los trabajadores de la empresa o negociación respectiva, y en el de aplicación de la cláusula de exclusión, que se regirá por lo dispuesto en el capítulo cuarto de esta ley.

Artículo 20. El quórum para celebrar asamblea general, en ningún caso será menor de la mitad más uno de los miembros del sindicato.

Artículo 21. Las votaciones serán secretas:

I Para la elección y remoción de funcionarios;

II. En los casos que señala el artículo 18;

III. Cuando se celebre un referendum;

IV. Para resolver conflictos intergremiales, y

V. En los demás casos en que lo pidan el cinco por ciento de los asistentes a la asamblea, o la décima parte de las secciones que formen el sindicato.

Artículo 22. Las directivas de los sindicatos deberán informar de su gestión y rendir cuentas detalladas y comprobadas, cuando menos cada tres mese.

El Informe y las cuentas se rendirán a la asamblea, cuando menos una vez al año; en los demás casos, podrán rendirse a otros órganos estatutarios designados al efecto los que si encuentran alguna irregularidad, deberán desde luego convocar a la asamblea para que ésta tome las medidas que estime pertinentes.

La asamblea y, en su caso, el órgano estatutario autorizado conforme al párrafo anterior, podrán exigir cuentas e informes a la directiva en cualquier otro tiempo, y está deberá rendirlos en un plazo no mayor de quince días a contar del requerimiento.

La directiva deberá distribuir por escrito entre los agremiados los informes y cuentas que debe rendir a la asamblea, cuando menos diez días antes de la fecha señalada para la celebración de ésta.

Artículo 23. Cuando el sindicato funcione dividido en secciones, se observarán las disposiciones de los artículos 24 a 31.

Artículo 24. Cada sección gozará de autonomía en su régimen interno y en los asuntos que sólo afecten sus intereses particulares.

Sólo se considerarán asuntos de interés general, los expresamente señalados en los estatutos y los que declaren las dos terceras partes de las secciones que integren el sindicato.

Artículo 25. Los funcionarios de cada sección deberán ser elegidos y sólo podrán ser removidos por el voto de los miembros de la misma.

Artículo 26. No se podrá sancionar al miembro de una sección sino por acuerdo de los órganos de la misma, salvo:

a) Que el responsable se encuentre en el desempeño de un cargo de un órgano central.

b) Que se trate de un caso de interés general definido en los términos del párrafo segundo del artículo 24.

Artículo 27. En ningún caso se podrá mencionar colectivamente a una sección, ni privársele total ni parcialmente de sus derechos sindicales ni de trabajo.

Artículo 28. Los asuntos reservados a resolución de asamblea general del sindicato de acuerdo con el artículo 18 se decidirán por el órgano que en substitución de dicha asamblea señalen los estatutos, el que deberá estar integrado por delegados de las secciones, elegidos por cada una de ellas en asamblea general.

Los acuerdos que el órgano competente tome sobre los asuntos mencionados podrán someterse a referendum cuando lo solicite la quinta parte de las secciones. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los treinta días de notificado el acuerdo que se impugne.

La solicitud de referendum suspenderá los efectos del acuerdo en el caso de las fracciones I, II, III, VIII y IX del citado artículo 18, pero en los demás, el acuerdo surtirá desde luego sus efectos en forma provisional, a reserva de quedar invalidado en forma retroactiva si no se ratifica.

Para que el acuerdo se tenga por ratificado, se requerirán las dos terceras partes de los votos que se hayan emitido en las asambleas de las diversas secciones, salvo que se trate de aprobación o modificación de estatutos, caso en que la ratificación requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de las acciones.

El referendum deberá quedar concluído dentro del plazo máximo de noventa días y, de no ser así, se tendrá por no ratificado el acuerdo materia del mismo.

La no ratificación de un acuerdo autorizará al órgano competente para exigir, en su caso, las responsabilidades que procedan o para desistirlas de las acciones civiles y penales que hubiera iniciado en ejecución de dicho acuerdo.

Artículo 29. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los casos de huelga y de aplicación de la cláusula de exclusión que serán resueltos en la forma que previene la parte final del artículo 19.

Artículo 30. Cuando conforme a los artículo que proceden se requiera la votación por secciones, el voto de cada una de ellas se decidirá por su asamblea general. En cuanto a las facultades de iniciativa y de nombramiento de representantes que esta ley concede a las secciones, serán ejercitadas por las directivas de éstas, las que, en todo caso, estarán subordinadas a sus respectivas asambleas generales.

Artículo 31. Las reglas generales sobre régimen interno del sindicato, serán aplicables a las secciones en todo lo que no se opongan a las que anteceden.

Artículo 32. Cuando los trabajadores de una empresa afiliados a un sindicato industrial, sean cincuenta o más, y representantes por lo menos el cinco por ciento del total de miembros del sindicato, pero no constituyan una sección de éste, podrán disfrutar las siguientes prerrogativas:

I. Nombrar un representante que formará parte de la directiva del sindicato como miembro de ella y será a la vez delegado por la misma directiva ante el grupo;

II. Gozar de autonomía en los asuntos de carácter interno y en los que sólo afecten sus relaciones con la empresa a que pertenezcan;

III. Los estatutos podrán reglamentar la constitución y funcionamiento de una directiva del grupo, que será presidida por el representante que previene la fracción I;

IV. Cuando se trate de aplicar la cláusula de exclusión a un miembro del grupo, podrá dicho grupo nombrar un representante que formará parte de la comisión instructora para los efectos del conocimiento del caso. La comisión deberá recibir las pruebas que rinda dicho representante y le entregará un tanto autorizado de todas sus actuaciones, para cuyo efecto éstas se harán constar siempre en acta por duplicado que suscribirán los que intervengan en ellas, y

V. El grupo podrá pedir la aplicación de la cláusula de exclusión a un miembro de la directiva del sindicato, en cuyo caso podrá nombrar un representante en los términos y para los fines que señala la fracción anterior . La Comisión deberá concluir la instrucción dentro de los treinta días siguientes a la solicitud de aplicación de la sanción. Si no lo termina o si el órgano correspondiente no convoca a asamblea para dar cuenta del caso, dentro de los cinco días siguientes a la terminación, el representante del grupo podrá convocar a la asamblea, la presidirá y, en su caso, gestionará la ejecución del acuerdo que imponga la expulsión.

Capítulo tercero.

De los conflictos intergremiales y en el sindicato.

Artículo 33. En caso de conflicto intergremial, cualesquiera de los sindicatos en pugna puede pedir a la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, que haga el recuento de los trabajadores afectados y declare cuál de los grupos tiene mayoría.

La junta deberá hacer el recuento en los lugares y a horas de trabajo, dentro de los diez días siguientes a la solicitud y desde luego declarará el resultado.

El sindicato que resulte mayoritario, representará el interés profesional de los trabajadores afectados, tendrá la titularidad del contrato colectivo de trabajo y será el único que pueda emplazar a huelga.

Si hubiera empate, las atribuciones de sindicato mayoritario corresponderán al titular del contrato colectivo de trabajo, y sí no hay contrato, al de registro más antiguo.

El sindicato declarado minoritario no podrá pedir un nuevo recuento, sino pasado un año de la declaración.

Artículo 34. Si el conflicto fuere entre dos o más directivas que se disputen la representación de un sindicato, federación o confederación, se procederá en los términos del artículo anterior y será declarada legítima la directiva que obtenga mayoría, o en caso de empate, la más antigua.

La directiva que tenga minoría deberá disolverse y abstenerse de ostentar toda representación sindical.

Artículo 35. En las votaciones que previenen los dos artículo anteriores, la junta cuidará que se respete estrictamente el secreto del voto. Al recibirse la votación y hacerse el cómputo, además, podrán estar presentes representantes de los grupos contendientes.

Artículo 36. Cuando el conflicto se suscite entre directivas que estén jerarquizadas entre sí, o por cuestión de atribuciones de diversos órganos, cualesquiera de los afectados podrá promover que la junta resuelva sobre la legitimidad o facultades de cada uno de ellos y que, en su caso, asegure la ejecución de los acuerdos legítimamente adoptados. La junta se ajustará a los estatutos y demás disposiciones aplicables, haciendo la determinación de mayorías, cuando ésta sea necesaria.

Capítulo cuarto.

De la cláusula de exclusión.

Artículo 37. Salvo que derive de renuncia al sindicato la cláusula de exclusión sólo podrá aplicarse por actos concretos y graves que perjudiquen la disciplina sindical o los derechos o el interés profesional de los trabajadores, entendido en los términos del artículo 3º

Se prohibe aplicar la cláusula de exclusión por motivos ajenos a los indicados y, en particular, por los que señala el artículo 5º

Artículo 38. Los estatutos sindicales podrán establecer los motivos de expulsión, los que deberán satisfacer los requisitos que previene el artículo anterior.

Artículo 39. El acuerdo que imponga la cláusula de exclusión, no surtirá efectos si no especifica los hechos motivo de la sanción.

Artículo 40. La asamblea que haya de resolver sobre aplicación de la cláusula de exclusión, deberá celebrarse con las siguientes formalidades:

I. Se convocará por escrito, cuando menos con cinco días de anticipación y se señalará en la Orden del Día, en forma expresa el caso que se trate de sancionar;

II. El trabajador afectado deberá ser citado a la asamblea y tendrá el derecho de ser oído en su defensa por sí o por persona que designe al efecto, siempre que sea miembro del mismo sindicato;

4. III. En la asamblea se dará cuenta con la investigación practicada por la comisión correspondiente y con las pruebas recibidas por la misma, y

IV. En el acta de la asamblea o como anexo de la misma, deberán incluirse:

a) Lista de los miembros del sindicato, con expresión de los que asistieron.

b) Constancia de que se permitió al trabajador afectado hacer su defensa.

c) Constancia de que la votación fue rigurosamente secreta.

d) El resultado del escrutinio.

Artículo 41. En caso de aplicación de la cláusula, el sindicato deberá expedir copia certificada por triplicado del acta de la asamblea relativa, incluyendo los datos que previene la fracción IV del artículo que antecede y las demás constancias que señale el trabajador sancionado.

De las copias indicadas el sindicato enviará un tanto de la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda y los dos restantes los estragará al patrón para que éste, a su vez, conserve uno en su poder y entregue el otro al trabajador sancionado al hacer la separación.

Artículo 42. Se presumirá que el sindicato no dio conocimiento al trabajador sancionado de las pruebas que no se transcriban en las copias certificadas que previene el artículo anterior o, en su caso, que no las tomó en cuenta para adoptar su resolución.

Artículo 43. El patrón no podrá calificar la legalidad de la exclusión, sino que se limitará a hacer la separación en los términos del contrato colectivo de trabajo, siempre que:

I. El trabajado sancionado pertenezca al sindicato que aplique la sanción;

II. El sindicato le comunique el acuerdo, acompañándole las dos copias certificadas que previene el artículo 41, y

III. Se le acredite haber quedado constituída ante la junta correspondiente la garantía que previene el artículo que sigue.

Cuando la exclusión se aplique por renuncia del trabajador al sindicato, bastará que el sindicato la pida al patrón, acompañándole copia fotostática de la renuncia, siempre que se esté en el caso de la fracción I.

Artículo 44. El sindicato deberá constituir fianza ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente por la cantidad que ésta señale, que baste para responder del pago de las indemnizaciones que señala el artículo que sigue. Si por el transcurso del tiempo la fianza resulta insuficiente, el sindicato deberá ampliarla para que subsista la separación.

La fianza se cancelará si el trabajador mencionado no impugna la exclusión.

Artículo 45. El trabajador afectado podrá reclamar la sanción en los términos del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo.

En caso de declararse improcedente la sanción el sindicato deberá pagar al trabajador los salarios caídos desde el despido hasta su reinstalación y los rédito legales correspondientes.

De las indemnizaciones indicadas, se deducirán, en su caso, los salarios que el trabajador haya percibido en otros empleos durante la tramitación del conflicto.

Artículo 46. Los funcionarios sindicales que no repongan desde luego en sus derechos sindicales al trabajador excluído indebidamente, o que directa o indirectamente entorpezcan su reinstalación en el trabajo, serán sancionados en los términos del artículo 52.

Artículo 47. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 44, el trabajador sancionado tendrá preferencia sobre los bienes del sindicato y las cuotas a que éste tenga derecho, para hacer efectivas las indemnizaciones que le correspondan.

Artículo 48. Cuando el sindicato está integrado por secciones y el asunto sea de la competencia de éstas conforme al artículo 24, la aplicación de la cláusula de exclusión corresponderá a la asamblea de la sección interesada, la que procederá, en su caso, en los términos que previenen los artículos anteriores.

Artículo 49. Si el caso es de interés general de acuerdo con el citado artículo 24, la exclusión se aplicará conforme a las reglas siguientes:

I. Podrán pedir la aplicación de la cláusula cualesquiera de los órganos centrales o la quinta parte de las secciones;

II. La sección a la que pertenezca el acusado podrá nombrar un representante en los términos y para los efectos que señala la fracción III del artículo 32. También podrá la sección nombrar representantes que concurran con voz informativa a las asambleas en que las demás secciones traten el asunto;

III. El órgano estatutario que corresponda comunicará a las secciones el resultado de la instrucción, incluyendo las constancias que señale el acusado;

IV. Las secciones resolverán el asunto en asamblea general de cada una de ellas que se celebrarán con las formalidades que establecen las fracciones I, III y IV del artículo 40 y remitirán al órgano central copia certificada por triplicado del acta relativa. El acusado podrá hacer su defensa en las asambleas por sí o por persona que designe al efecto, siempre que sea miembro del mismo sindicato;

V. La aplicación de la cláusula de exclusión requerirá el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los votos que se hayan emitido en las asambleas de las diversas secciones, y

VI. El Ejecutivo central hará el cómputo de votos y la declaración correspondiente y gestionará el cumplimiento del acuerdo.

Artículo 50. En los casos previstos en el artículo anterior, se observarán las siguientes reglas cuando la exclusión sea solicitada por las secciones contra miembros de órganos centrales:

I. Las secciones solicitantes designarán de común acuerdo un representante ante la comisión instructora, en los términos y para los efectos que previene la fracción III del artículo 32, y

II. La comisión instructora deberá concluir la instrucción dentro de los treinta días siguientes a la solicitud de aplicación de la sanción. Si no la termina o si el órgano correspondiente no da cuenta a las secciones con el resultado dentro de los cinco días siguientes a la terminación, de las gestiones y declaraciones que previenen las fracciones III y VI del artículo que procede serán hechas por el representante que establece la fracción anterior, quien enviará a las secciones las constancias de la instrucción que pueda recabar; y las secciones, a su vez, le remitirán la documentación que previene la fracción IV del propio artículo.

Capítulo quinto.

De las responsabilidades y sanciones.

Artículo 51. Los funcionarios sindicales serán responsables antes sus agremiados:

I. Por violación a los derechos y garantías que establece esta ley o incumplimiento de sus obligaciones legales o estatutarias;

II. Por desobediencia a los acuerdos legítimos de los órganos a que estén sometidos estatutariamente y otros actos ilícitos que realicen en el desempeño de sus cargos;

III. Por obrar contra los intereses o derechos de sus representados, y

IV. Por malversación de fondos. Se presumirá que hay malversación cuando no rindan sus cuentas anuales a la asamblea o cuando, requeridos para rendirlas, no las presenten en la forma y término previstos por el párrafo tercero del artículo 22.

Artículo 52. Los funcionarios que incurran en responsabilidad en los términos del artículo anterior, serán destituídos y quedarán inhabilitados para desempeñar cargos sindicales:

I. Por dos a cinco años, si se trata de los casos señalados en las fracciones I, II y III.

II. Permanentemente en el caso de la fracción IV y en los de reincidencia.

Además, si la conducta de los culpables implica incumplimiento de una resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se les aplicará las penas que la ley señala por desobediencia a mandatos de la autoridad.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a que haya lugar.

Artículo 53. La inhabilitación que previene el artículo que precede, y la destitución, esta última si no la hubieren hecho los órganos competentes del sindicato, será decretada a petición de parte interesada por la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda.

La Junta oirá a los presuntos responsables en los términos señalados para los conflictos individuales de trabajo, pero omitiendo la audiencia de conciliación.

El trabajador o, en su caso, el sindicato afectado podrán intervenir en el procedimiento como tercer coadyuvante del que, de ellos, haya pedido la aplicación de la sanción.

Artículo 54. Las juntas comunicarán de oficio a la Procuraduría General de la Nación las resoluciones que dicten y que puedan entrañar responsabilidad penal para los funcionarios sindicales.

Además, las resoluciones de inhabilitación las comunicarán a la Secretaría del Trabajo, la que llevará un registro de ellas y cuidará que los inhabilitados no desempeñen ningún cargo sindical.

"Artículos transitorios.

Primero. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el "Diario Oficial".

Segundo. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley, los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores que funcionen en la República deberán incorporar en sus estatutos los derechos, obligaciones, garantías y reglas procesales que contiene esta ley y, en su caso, revocar cualquier disposición estatutaria que contraríe los preceptos de la misma.

La omisión de los funcionarios competentes para convocar las asambleas y otros órganos que deban cumplir la disposición anterior, dará lugar a la aplicación de las sanciones que establece el artículo 52 de la propia ley.

Independientemente de lo anterior, los miembros de las organizaciones sindicales de que se trate gozarán a partir de la publicación de la ley de todas las prerrogativas que la misma establece y no surtirán efecto alguno en su perjuicio las estipulaciones que en contrario contengan sus estatutos.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

México, D. F. Salón de Sesiones, octubre de 1951. Licenciado Gonzalo Chapela. - Juan José Hinojosa. - Licenciado Jaime Robles Martín del Campo. - Licenciado Eduardo Facha Gutiérrez". - A las Comisiones de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales en turno e imprímase.

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